La Comisión legislativa de Control de Ingreso y Gasto Público indagará el caso del consorcio cooperativo Metrocoop, concesionario de tres rutas de buses al sur de San José.
Para ello los legisladores acordaron llamar a comparecer a la empresaria Maritza Hernández, apoderada general de la autobusera. La concesionaria es investigada por el Ministerio Público y la Dirección de Tributación por un supuesto “fraude a la hacienda pública por el uso aparentemente irregular de exoneraciones o exenciones fiscales”.
La comparecencia de Hernández fue promovida por los diputados Gerardo Vargas, del Frente Amplio, y Ottón Solís, del Partido Acción Ciudadana (PAC), como parte de las investigaciones que sobre el sector transporte se siguen en el Congreso.
Vargas afirmó que el caso de Metrocoop ocupa el puesto tres en la agenda del comité legislativo y deberá ser retomado por los diputados en las próximas semanas.
“Si vuelvo a presidir esa comisión el tema tendrá mi prioridad. Doña Maritza vino a mi despacho y me explicó sobre el funcionamiento de Metrocoop, pero yo mantengo mis cuestionamientos”, añadió.
La investigación en el Congreso también obligará al ministro de Hacienda, Helio Fallas, y al director de Tributación, Carlos Vargas, a responder las consultas de los diputados.
Otro que también será llamado a dar explicaciones es el directivo del Consejo de Transporte Público y empresario, Juan Carlos Soto, quien en el pasado formó parte de Metrocoop.
Por su parte, el legislador Ottón Solís detalló que a su despachó llegó una denuncia que se presentó contra Metrocoop en la Dirección General de Tributación Directa del Ministerio de Hacienda, en octubre del 2014.
“Tengo entendido que en un nivel intermedio de Hacienda se identificaron hechos graves que involucran a los empresarios que están detrás de la cooperativa (Metrocoop) y que en el nivel superior se detuvo la denuncia y la sanción”, dijo el diputado Solís.
Sin embargo, Carlos Vargas, director de Tributación, negó la existencia de un informe y, por lo tanto, haberlo detenido.
La Comisión también tiene en lista de espera el caso de las fijaciones tarifarias con datos poco confiables.