Cinco candidatos a alcaldes irán a elecciones municipales este domingo con juicios marcados en el calendario de este o del próximo año.
De ellos, tres son alcaldes y buscan la permanencia en el puesto hasta el 2020.
A estos funcionarios se les atribuyen supuestos delitos de uso de documento falso, penalidad del corruptor, prevaricato, infracción a la ley forestal y lesiones culposas.
Esos datos son parte de una investigación realizada por La Nación. En los últimos cuatro meses, este medio examinó los antecedentes judiciales de los 605 aspirantes a una alcaldía.
De ellos, 52 tienen 123 denuncias en trámite en diferentes tribunales del país. A la mayoría se les atribuyen presuntos delitos de peculado, incumplimiento de deberes y desobediencia.
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Llamados al banquillo. El primero que deberá sentarse en el estrado es Leonardo Chacón, alcalde de Dota, a causa de una aparente infracción a la Ley Forestal. El juicio está fijado para el 28 y 29 de marzo de este año.
Su abogado, Lisandro Valverde Porras, dijo que el caso obedece a la corta de un árbol en ese cantón donde el 83% de su territorio es área protegida.
“Había un descuaje en Vara Blanca y aparentemente hubo una invasión: Se cortó un árbol…uno. Aunque el trabajo lo realizó la Unidad de Gestión Vial, como él es el alcalde, se le investiga a él”, detalló el defensor del liberacionista.
Le sigue, Miguel Jiménez Soto, aspirante del Republicano Social Cristiano en Talamanca, quien enfrentará un juicio el 2 de mayo por un aparente delito de penalidad del corruptor.
Según explicó el propio afectado, la denuncia fue puesta por un policía que lo detuvo con licor comprado en Panamá. “El me pidió la factura. Cuando la saqué de la pantaloneta, me la arrebató. Envuelta en la factura iban los $60 que me habían dado de vuelto. Luego, el policía sacó un arma, me la puso en la cabeza y me dijo que me iba a demandar porque yo supuestamente le estaba dando ‘una mordida’”, contó el candidato.
Asimismo, el 23 de setiembre de este año, comparecerá ante un juzgado, Néstor Mattis, alcalde de Limón por el PLN, quien procura reelegirse por el Partido Auténtico Limonense. La Fiscalía informó de que se le investiga por supuestas lesiones culposas. No dio detalles de la causa. La Nación intentó obtener una versión de Mattis, pero se disgustó y colgó el teléfono sin dar criterio. Al caribeño se le investiga por cinco supuestos delitos más.
También está llamado a juicio, Gerardo Machado Vargas, del Partido Verde por Cartago. El aspirante deberá responder, el 3 de noviembre, por un supuesto delito de uso de documento falso. El candidato dijo que no falsificó ningún documento “así lo confirma el resultado de las pruebas grafológicas. Al final eso va a terminar en una absolutoria”.
Entretanto, el alcalde de Poás, José Joaquín Brenes deberá responder ante la justicia en el 2017 por un presunto delito de prevaricato (dictar una resolución en contra de la ley).
“Se nos acusa por desobediencia a una resolución de la Sala Constitucional al haber otorgado permisos de construcción para 35 familias afectadas por el terremoto de Cinchona (2009). Supuestamente eran zonas de nacientes y de protección.”
En su momento se demostró que no existe nada de lo que se señala ahí , pero la Fiscalía siguió adelante con la causa . Esas son casas de interés social financiadas con bonos y cumplieron con todos los requisitos”, detalló el aspirante.
Prisión y condena. De los 52 aspirantes denunciados, Luis Fernando Villalobos, exalcalde de Garabito, es el único que ha sido condenado y descontó año y medio de prisión por peculado.
En 2003 Villalobos visó 11 planos y dio permisos de construcción sin cumplir con los requisitos legales. El puntarenense alegó que él desconocía si se podían visar los planos y por eso se asesoró con tres abogados. “Me dijeron que los planos se podían visar, que ellos ya habían entregado el criterio y no había ningún impedimento. Fue un error, la responsabilidad mía fue firmar ”, aseguró el candidato socialcristiano.
Entretanto, el guapileño Iván Angulo Vargas del Movimiento Libertario, fue sentenciado a 12 años de cárcel por supuesto secuestro extorsivo en perjuicio de cuatro policías. El veredicto está apelado ante el Tribunal de Apelación de Goicoechea.
Angulo, quien ha sido regidor cuatro periodos consecutivos y aspira a alcalde por segunda ocasión , atribuyó su caso a un juicio político y negó haber participado en la retención de los oficiales.
Denuncias frecuentes. De acuerdo con la investigación de este diario, uno de cada 10 candidatos (9%) ha sido denunciado ante el Ministerio Público, se trata de 52 de los 605 aspirantes. Ellos figuran en 123 procesos judiciales. De estos, 108, aún están en distintas etapas de investigación
A la mayoría, 18, se les investiga por 29 supuestos delitos de peculado. En el grupo figuran 11 alcaldes que buscan reelegirse.
La desobediencia a órdenes de la Sala Cuarta o a acuerdos municipales es la segunda causa por la que han sido llevados a la Fiscalía los postulantes. Hay 17 denuncias que involucran a 12candidatos.
El incumplimiento de deberes así como la malversación de fondos son las otras razones por las que se ha acusado a los aspirantes.
En general, los candidatos atribuyeron las denuncias a diferencias políticas.
Los actuales alcaldes alegan ser víctimas de denuncias por delitos que no cometieron, pero por los que deben responder al tener la representación judicial de la municipalidad.
Colaboraron: Camila Salazar, Daniela Quirós y David Bolaños.