Ha pasado un año y siete meses desde que la Procuraduría de la Ética señaló incompatibilidades en el nombramiento de la gerente general del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), María Redondo Solís.
El 23 de diciembre del 2010, la procuradora Lizzy Dorado recomendó a la Junta Directiva del INVU resolver ese problema.
Sin embargo, a la fecha, Redondo se mantiene en su cargo.
De acuerdo con la Procuraduría, la Ley Orgánica del INVU prohíbe a los funcionarios con plaza administrativa ocupar los cargos de gerente, subgerente o auditor.
Redondo tiene una plaza en propiedad en la dirección del Área de Gestión Administrativa y Financiera del Instituto, aunque desde del 12 de noviembre del 2008 goza de un permiso sin goce de salario que le otorgó la Directiva para que pudiese ejercer la gerencia general.
Pese a los múltiples oficios enviados por Dorado en casi dos años, así como un pronunciamiento de la Procuraduría General de la República, que ratificó el criterio de la procuradora de la ética, los directivos del Instituto han evitado abrir un procedimiento administrativo para remover a Redondo del cargo.
¿Por qué no lo han hecho?
La expresidenta del INVU Eugenia Vargas lo atribuye a la falta de voluntad de los directivos.
“Yo siempre voté apoyando el criterio de la Procuraduría de la Ética. Los otros miembros de la Directiva pidieron más aclaraciones y nunca se llegó a nada”, dijo, Vargas, quien renunció a la presidencia el 21 de julio.
“No ha habido voluntad para arreglar el asunto. A mí me tenía muy molesta, me parece que fue una irresponsabilidad de los miembros de Junta Directiva no haber acatado lo que dijo la Procuraduría”, agregó Vargas.
La Nación quiso conversar sobre este tema con la gerente, María Redondo, pero, aunque aseguró mediante la oficina de prensa del INVU que llamaría por teléfono para hablar, no lo hizo.
Además, ningún directivo del Instituto respondió la solicitud de entrevista que envió este mediante a su oficina de prensa.
La Directiva el INVU tiene pendiente conocer un informe del caso que elaboró la Auditoría Interna, pero no se reúne desde el 18 de junio por falta de cuórum .