El propósito del “martillazo” anunciado el 10 de julio tenía un norte claro: recuperar el rastro de la transmisión de la covid-19 en la Gran Área Metropolitana (GAM).

Para ese momento, estaban sin seguimiento el 65% de los casos. Doce días más tarde la situación no ha cambiado en gran medida.

El problema es que falta gente. El Ministerio de Salud posee 1.876 funcionarios en sus áreas de salud, incluidos los 32 trasladados desde la sede central para reforzar la tarea de ubicar contagiados y sospechosos, y entregar órdenes sanitarias para asegurar su aislamiento.

Aquel es todo el personal que tienen para notificar a los entre 200 y 500 casos que se confirman cada día y los hasta 10 contactos de cada uno de ellos, que suman entre 2.000 y 5.000 personas más.

Solo este miércoles, por ejemplo, hubo 550 nuevos confirmados, si cada una de esas personas hubiera tenido un contacto cercano con solo cinco personas en los últimos 14 días, se requeriría dar seguimiento a 2.750 individuos solo de los registros de un día.

La realidad se complica si se considera que, según las proyecciones del Ministerio, en áreas rurales se estima que una persona con el virus tuvo contacto cercano con 15 más, en las áreas urbanas esto crece a 30.

El lunes, el ministro de Salud, Daniel Salas, indicó que la trazabilidad, tras nueve días, estaba en el 64% de los casos.

“En todo momento estamos tratando de fortalecer este trabajo, que es el más importante: el giro oportuno de órdenes es lo que permite que no haya un aumento exponencial. Cuando se pierde la trazabilidad, el riesgo de que haya un incremento exponencial se dispara”, expuso Salas.

Este mismo miércoles, el ministro reconoció nuevamente la dificultad de notificar las órdenes sanitarias, por eso pidió a los ciudadanos que si eran casos sospechosos, permanecieran en sus casas.

“Quería hacer un llamado a que la población sospechosa a la que se le tomó muestra, que apliquen aislamiento domiciliar con su grupo familiar; incluso si no ha llegado la orden sanitaria. Esto es clave, no por un muestreo aleatorio, sino porque tienen criterios y si no están en sus casas exponen a otros. Además, quien tenga síntomas respiratorios, al margen de ser covid-19 o un influenza u otros virus, no debería salir”, aseguró el jerarca.

Apoyo sin llegar

Para acelerar la labor, Salud otorgó autoridad sanitaria a los trabajadores de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), de manera que estuvieran legalmente facultados para notificar las órdenes de aislamiento. Esa posibilidad se publicó incluso el 13 de julio en el diario oficial La Gaceta.

Casi 10 días después, esa colaboración no se concreta pues según la oficina de prensa de Salud, “son gestiones internas de la Caja”.

La Caja, por su parte, indicó que las órdenes sanitarias y el rastreo de contactos son potestades del Ministerio de Salud.

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Así, el apoyo sigue sin llegar en una labor que no es fácil de delegar, dado que se requiere de conocimiento técnico sanitario.

“Conforme se comienzan a acumular los casos es mayor la cantidad de personas a las que se les debe dar seguimiento y, aún teniendo a mano la mejor tecnología, se requiere de personas que analicen estos casos, a sus contactos y les den seguimiento”, advirtió la salubrista pública Mariana Vargas.

Es decir, faltan manos para atender el llamado que hace Maria Van Kerkhove, jefa técnica en covid-19 de la Organización Mundial de la Salud, para quien, al margen de si hay o no transmisión comunitaria, “hay que encontrar, probar y aislar casos, hacer un seguimiento de contactos. Romper cadenas de transmisión”.

La especialista recordó el lunes que aunque hay aplicaciones de teléfonos inteligentes que buscan ser aliadas en el rastreo de casos, “no existe una herramienta que pueda sustituir el trabajo de la gente, que tenga la capacidad de hablar con las personas de analizar, de detallar”.

Van Kerkhove indicó que la mejor forma para mantener los contactos que se rastrean dentro de sus casas es que tengan todo el apoyo que necesitan para que no salga de ella como permisos laborales y personas allegadas que puedan comprarles comida.

Complica incapacidades

Del retraso en la notificación de las órdenes se deriva otro otro problema: las incapacidades.

De acuerdo con información de la CCSS “los asegurados activos que están enfermos o sospechosos no requieren la orden sanitaria, con el diagnóstico se procede a otorgar la incapacidad”.

Sin embargo, esto no es tan sencillo, porque las incapacidades para las personas que no tienen síntomas dependen de una orden sanitaria. La ausencia del documento, deja a aquellos que deben salir a trabajar sin una prueba que presentarle a sus empleadores.

“En el caso de los contactos asintomáticos, la CCSS no puede actuar de oficio con base en el reporte que hace el patrono en planilla sobre la ausencia de un trabajador. Ese tipo de incapacidad, de acuerdo con el reglamento, requiere la orden sanitaria como respaldo para proceder. La orden sanitaria es el respaldo normativo legal.

“Algunos patronos han enviado trabajadores a las casas que no cumplen con los requisitos establecidos por el Ministerio de Salud”, agrega.