El Tribunal Contencioso Administrativo ordenó suspender todo tipo de nuevos permisos para la colecta de huevos de tortuga de agua dulce de Caño Negro y suspender los permisos de comercialización de esa especie que se vende mucho en acuarios del Área Metropolitana donde los precios llegan hasta los ¢6.000 por ejemplar.
Asimismo se ordenó al Sistema Nacional de Areas de Conservación (Sinac) adoptar las medidas necesarias para la preservación e integridad de las tortugas y sus huevos, que estén en poder de la Asociación de Tortugueros de Caño Negro (Ulima). Esa asociación tenía permiso para extraer huevos y llevarlos a unos viveros donde nacen las tortuguitas. Ellos podían comercializar el 70% y devolver a su hábitat el 30% cifra que, con base en estudios científicos de la Universidad Nacional, permitía tener en equilibrio ese ecosistema.
Sin embargo la Asociación para la Protección, Conservación y Sanidad de los Recursos Naturales de Caño Negro (Asoprocosarena) no está de acuerdo con el actual sistema y solicitó medidas cautelares contra el Estado, para que no se permitiera la emisión de nuevos permisos de colecta de huevos de tortugas de agua dulce (Trachemis scripta) en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Caño Negro, ubicado entre Guatuso y Los Chiles, en la frontera con Nicaragua.
Solicitó además la suspensión de permisos otorgados y vigentes, así como la suspensión del proyecto de zoo criadero de tortuga verde de agua dulce en el Refugio, según la autorización otorgada en el año 2006 por el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) a Ulima para la recolección, siembra, y comercialización de las tortugas.
Oscar Romero, asesor legal del Sinac, dijo que desde el 30 de enero de este año se empezó a prohibir la comercialización de todas las tortugas provenientes de Caño Negro (Casi todas las que se venden en acuarios).
En vida silvestre solo un 2% sobrevive, el 30% que hasta este año se liberaba mantiene estable la población, pero con las medidas cautelares vigentes hay riesgo de que las poblaciones puedan ser alteradas, dijo Romero.
Al 28 de junio del 2013, habían nacido diez mil tortugas, que fueron ubicadas en las instalaciones de la asociación Ulima, sin poderse actualmente disponer de ellas para la venta.
Rogelio Jiménez, director de la Región Huetar Norte del Sinac, dijo que inicialemnte Ulima tenía unas diez familias, pero ahora solo queda la mitad, por lo que se mostró de acuerdo con las medidas cautelares del Tribunal. A su juicio, no se debe permitir la extracción de tortugas hasta que hayan nuevas bases científicas.
"Mi posición es que en lugar de unas pocas familias, sea la comunidad de Caño Negro la que se beneficie e impulse el desarrollo de algún programa paralelo a la extracción o a la venta de esas tortugas, tal como la educación ambiental y manejo de desechos. Que sea un proyecto manejado integralmente" dijo.