La Contraloría General de la República (CGR) emitió un informe en el que urge actualizar y ordenar los datos para prevenir la sobreexplotación del agua y contar con certeza científica acerca de la disponibilidad de agua que tiene el país.
El estudio se inició en enero del 2011 y terminó en diciembre del 2012, por lo que abarcó casi dos años.
El ente contralor indicó que en nuestro país se han identificado zonas con estrés hídrico que ameritan ser reguladas como zonas con restricción, pero aún no han sido oficializadas.
De igual manera critican que la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) solo ha ejercido el control para verificar el aprovechamiento racional de las aguas al 2% de las concesiones y obedecen principalmente a denuncias.
El análisis involucra, además del Minae, al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y al Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara).
A estas instituciones se les pide establecer mecanismos de seguimiento a la implementación de los instrumentos de política hídrica y desarrollar el Sistema Nacional de Información para una gestión integrada de recursos hídricos.
También solicita establecer un mecanismo para guiar la participación ciudadana, medir los avances en la sostenibilidad del recurso y elaborar e implementar planes de acción para contar con un balance preciso.
Según la CGR, se debe inventariar y priorizar los acuíferos del país, programar el monitoreo en campo del uso racional del agua y establecer las metas de reducción de la carga contaminante.
Desde el 2008 se cobra un canon ambiental por vertidos, el cual tiene un acumulado de ¢909 millones. Ese dinero está sin ejecutar y aún faltan las directrices para aplicar esa inversión que busca la protección del agua contra contaminantes.
La respuesta de la Dirección de Agua del Minae al ente contralor indica que la Ley de Aguas vigente no posee elementos jurídicos y técnicos acordes con las exigencias actuales.
Para la Contraloría la urgencia de ordenar acciones radica en que América Latina y el Caribe enfrentan graves problemas en la calidad y cantidad del agua, tales como la falta de acceso al agua potable y al saneamiento, así como conflictos de disponibilidad con la industria y la agricultura.