La crisis ambiental y la económica están entrelazadas

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Beijing (Tierramérica). Se acerca Río+20, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, que entre el 20 y el 22 de junio continuará una tarea iniciada hace 40 años, decisiva para la sostenibilidad global.

La primera conferencia mundial sobre el ambiente, celebrada en Estocolmo en 1972, introdujo la cuestión ambiental en la agenda internacional.

La preparación atravesó varias dificultades, entre otras el temor de los países en desarrollo de que la preservación del ambiente fuera empleada por las naciones ricas para desviar los recursos y la atención de los temas del desarrollo y la eliminación de la pobreza, para ellos prioritarios.

Los países en desarrollo amagaron con boicotear la conferencia y reclamaron que los desarrollados les concedieran nuevos recursos financieros a cambio de participar en la cooperación ambiental.

Estocolmo fue la primera conferencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la que China intervino después de su pleno ingreso al foro mundial, mientras la Unión Soviética y otros países comunistas la boicotearon porque se había impedido la participación de la República Democrática Alemana.

El cambio climático fue uno de los principales asuntos tratados, y ha sido desde entonces alta prioridad para la comunidad internacional por medio del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). La Declaración de Principios y el Plan de Acción aprobados en Estocolmo superaron las expectativas.

Estocolmo llevó a la creación del PNUMA, en diciembre de 1972. También impulsó la creación de ministerios o direcciones de temas ambientales en muchos países.

Desde el inicio hubo varios intentos de limitar el impacto del PNUMA. El Grupo de Bruselas, formado por Gran Bretaña, Estados Unidos, Alemania, Italia, Bélgica, Holanda y Francia, fue convocado, según una nota escrita por un diplomático británico, “para elaborar y concertar políticas acordes con los puntos de vista de los principales gobiernos interesados”.

Esos países apoyaron la creación del PNUMA, pero trabajaron entre bambalinas para que no se convirtiera en una organización influyente. Trataron de limitar el respaldo financiero de modo que el personal del programa fuera reducido.

A pesar de ello y a la ubicación de su sede, en Nairobi, el PNUMA fue capaz de reclutar un personal de suma experiencia y competencia.

En su Junta de Coordinación para el Medio Ambiente participaron los directivos de diversas organizaciones de la ONU, del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, lo que era necesario para hacer efectiva la función de coordinación del Programa. Desafortunadamente, la junta fue luego reemplazada por una comisión de más bajo nivel.

Ahora, Río+20 debe respaldar el ascenso del PNUMA a la categoría de agencia especializada, lo que podría conducir a la creación de la ya propuesta Organización Mundial para el Medio Ambiente.

Río+20 debe basarse en la Carta de la Tierra. El nuevo rumbo reclamado en Río en 1992 exige cambios económicos radicales –una verdadera revolución– que deberían ser encabezados por los mismos países, la mayoría occidentales, que dominaron la economía mundial durante el período en el cual se infligió un daño acumulativo a los sistemas que son el sustento de la vida en la Tierra, sus preciosos recursos biológicos y su clima. Esos países monopolizaron los beneficios económicos en tal lapso.

Río+20 debe reforzar la atención en la diversidad biológica, que es el objetivo de la Década sobre la Biodiversidad, y en consecuencia debe promover acciones específicas para proteger los recursos esenciales para la sustentabilidad global.

La experiencia enseña que los países más exitosos en la preservación del ambiente han sido también –como Japón–, los más eficientes en el manejo de sus economías y en el ahorro de energía y recursos naturales. Río+20 debe aprobar programas especiales de asistencia a las naciones en desarrollo que deseen elevar la eficiencia de sus economías.

Nada es más importante para el futuro humano que contrarrestar el cambio climático. No obstante, la voluntad política para actuar cooperativa y decididamente en este terreno ha disminuido peligrosamente. Río+20 debe redoblar los esfuerzos para llegar a un acuerdo acerca de la renovación y la aplicación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Paradójicamente, si no actuamos, la reducción de las emisiones globales de gases invernadero podrá ocurrir por el colapso de la economía mundial.

A buena cuenta, la crisis ambiental y las crisis económica y financiera, tienen el mismo origen: las deficiencias de nuestro sistema económico.

Solo una visión esclarecida de nuestro propio interés en la seguridad y la sostenibilidad de la vida podrá inducir a los países más desarrollados a aceptar la responsabilidad que les corresponde para llevar a cabo los cambios necesarios. El mundo en desarrollo también debe contribuir, pero sus responsabilidades son de inferior magnitud.

El concepto de responsabilidades compartidas pero diferenciadas deberá ser fuertemente reforzado en Río+20.

Las crecientes desigualdades en el disfrute de los beneficios del crecimiento económico siguen ampliando la brecha entre ricos y pobres en todos los países, incluso en China, la nación que ha sacado más gente de la pobreza.

Así se socava la perspectiva de permitir que los pobres y los desfavorecidos compartan equitativamente los beneficios del desarrollo sostenible y se fomenta un malestar social que se está manifestando en todo el planeta.

* Maurice Strong fue secretario general de la Cumbre de la Tierra en 1992 y primer director ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Actualmente es asesor especial del secretario general de Río+20 (http://www.mauricestrong.net). Derechos exclusivos IPS.