Los datos a favor del ambiente abruman: clasificar residuos reduce en un 60% los desechos; una batería alcalina puede contaminar 167.000 litros de agua y reciclar una tonelada de papel evita la tala de 17 árboles.
Esos mensajes destacan en el sitio de la Ley para la Gestión Integral de Residuos (8839) que obliga a un adecuado manejo de los desechos en el territorio costarricense (www.ley8839.go.cr).
Entidades públicas y empresas privadas deben cumplir con las disposiciones de tal normativa, vigente desde julio de 2010, con el fin de manejar, clasificar y reutilizar sus desperdicios.
“Lo que para una persona es un residuo para otra es una materia prima”, comentó Eugenio Androvetto, jefe de la Dirección de Protección al Ambiente Humano del Ministerio de Salud.
“Toda empresa, pequeña o grande, así como las entidades estatales tienen la obligación de contar con un plan de gestión ambiental, el cual detalle qué harán con el papel, los residuos electrónicos, desechos orgánicos, entre otros”, agregó el jerarca.
Androvetto puntualizó que no se trata de empacar los desechos para que se los lleve el camión de la basura.
“Las empresas deben buscar centros de acopio y manejo integral de residuos, previamente, inscritos y autorizados para esa labor por el Ministerio de Salud”, dijo.
Estos centros de acopio avalados por Salud pueden buscar en su sitio en línea.
El funcionario reconoció que existen tareas inconclusas cuatro años de que entró en vigencia la ley.
“Hemos dado énfasis a la comunicación y capacitación sobre la ley; tenemos alianzas estratégicas con la Cámara de Industrias, los empresarios y municipios; pero, sin duda, todavía nos falta, seguimos trabajando”, comentó.
El 21 de junio pasado, La Nación alertó sobre vacíos en cuanto al papel que juegan los ayuntamientos en la disposición de las residuos.
“Las autoridades no saben con exactitud cuáles municipios cumplen con la legislación, no existen sanciones para los infractores y tampoco hay una estrategia de fiscalización para los planes de manejo de residuos aprobados en los distintos cantones”, concluyó el trabajo titulado Desorden impera en planes municipales para basura.