En Costa Rica no estábamos acostumbrados a escuchar incitaciones a la violencia y la ruptura del orden democrático como las que circularon con fuerza, anónimamente, en WhatsApp y redes sociales en los días previos a los bloqueos y huelgas de camineros y estudiantes, lideradas por sindicalistas y fundamentalistas.
Fueron comunes los llamados de grupos desconocidos a desestabilizar el país con el “derramamiento de sangre” y la organización de “fuerzas civiles”, organizadas en “batallones” para “sacar del poder a la dictadura” con “movilizaciones violentas en las calles” y un “golpe de Estado ya”.
A lo que sí estuvimos acostumbrados durante muchas generaciones fue a que cuando algún grupo o actor tan siquiera sugería la posibilidad de no reconocer los resultados electorales o hacer un golpe de Estado, la reacción de rechazo era inmediata y unísona. Las diferencias y las luchas de poder quedaban de lado por unos segundos y tanto partidos como voces institucionales de diversa índole se unían en defensa del orden democrático.
Eso se rompió la semana pasada.
En momentos en que fuerzas anónimas llamaban a derramar sangre y servían como trasfondo para dar momentum y sentido de urgencia a bloqueos, huelgas y algunos actos de violencia, no hubo reacción rechazo ni fuerte ni inmediato ni unísono.
Lo que hubo fue un rotundo silencio desestabilizador por parte de esas voces que antes defendían el orden democrático y ahora prefieren ver qué provecho político pueden sacarle al río revuelto de ataques al mismo, como mecanismo para alcanzar o recuperar el capital político que ven como objetivo primario.
Esto fue particularmente dañino en redes sociales. Como los estudios demuestran, en redes sociales los contenidos inflamatorios y extremistas circulan más amplia y rápidamente que los mensajes moderados.
Cuando sumamos, como ocurrió en este caso, la ausencia de mensajes moderados por parte de voces legítimas, el resultado es que como país cedemos por completo una importante arena. Esta queda entonces en manos de grupos violentos anónimos, de grupos que prefieren bloquear y amenazar a dialogar, y de quienes aprenden a ver estos mecanismos como la forma de canalizar sus demandas muchas veces justas.
Así, la Iglesia Católica que no tarda en salir a rasgarse las vestiduras por unos rayones en las paredes de sus iglesias, curiosamente no sintió necesidad de reaccionar ante el dañino bloqueo de carreteras o la violencia de algunos estudiantes que golpearon a varias personas.
El contexto es la ambición católica de recuperar protagonismo político, algo en lo que muchos de sus sacerdotes han venido trabajando usando el púlpito para instar a luchar, por ejemplo, contra las políticas educativas del Gobierno.
Algo similar se puede decir de los evangélicos que esta vez consideraron más conveniente no salir a predicar supuestos valores cristianos como evitar la violencia gratuita, con tal capitalizar políticamente. Fines sin importar los medios al parecer son también parte de los “valores” cristianos.
Los magistrados de la Corte, en cierta forma voz del Estado de Derecho, tampoco sintieron la necesidad de llamado general a respetar la ley y el orden. Cuando un magistrado propuso pronunciarse, la mayoría salió con la excusa de evitar posibles criterios adelantados.
Difícil no recordar que apenas hace unos cuantos días un magistrado estuvo muy cerca de no ser reelecto por diputados que han hablado de cobrar cuentas sobre criterios ya dados.
Liberación Nacional fue más allá y hasta apoyó a las voces que promueven el caos porque, según su dirigencia, la política es asunto de oportunidades. Exactamente qué oportunidad creen estar aprovechando no es tan claro.
Por una parte, ayudaron a fortalecer al movimiento fundamentalista que ya una vez los dejó fuera de una segunda ronda y, por otra, defraudaron aún más a votantes que, pese a las grandes fallas del primer gobierno del PAC, prefirieron darle otra oportunidad antes que votar por el PLN, en parte precisamente por el oportunismo manifiesto de algunas de sus figuras.
La Unidad Social Cristiana se sumó también al silencio desestabilizador y cómicamente salió a hacer un llamado al orden hasta unas horas después de que se habían levantado los bloqueos.
El partido de gobierno, por su parte, de ninguna manera brilló en su manejo de la situación. Aunque acertó en mantener un discurso de apertura al diálogo, no fue capaz de proyectar una voz fuerte que inspirara confianza en su capacidad de mantener el orden e hiciera eco en el caos de voces extremistas que dominaron las redes sociales.
Al parecer, como sociedad hemos olvidado que algunas puertas se pueden abrir pero no necesariamente cerrar con facilidad, particularmente en una era de posverdades, iglesias hambrientas de poder y dinero, desgaste de sistemas políticos, y tecnologías que han demostrado su valor instrumental para desestabilizar rápidamente un país o cambiar radicalmente su balance político.
Hace mal cualquier costarricense, particularmente aquellos a quienes el pueblo les ha dado el mandato de proteger el orden democrático, en pretender que Costa Rica sigue estando por encima de las debacles democráticas que hemos visto en otros países latinoamericanos.
Nadie dice que la estabilidad esté en riesgo inminente hoy, pero eso significa mucho cuando la experiencia de otros países – incluyendo los desarrollados – nos enseña que en el contexto actual dar el salto puede ocurrir de forma imprevista y/o acelerada.
Hoy, todos estos actores quedan en una deuda vergonzosa con el orden democrático que, a juzgar por la debilidad mostrada por el sector político en su conjunto en esta ocasión, pronto tendrán oportunidad de corregir… o empeorar.