Las finanzas públicas del Gobierno son la gran debilidad de la economía costarricense y fortalecerlas es un paso necesario para lograr un desarrollo sostenible en el mediano y largo plazo. El Gobierno costarricense ya ha propuesto un camino de reforma fiscal y este inicia con el apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI). Es aquí donde surge la pregunta, ¿Es necesario el apoyo del Fondo Monetario Internacional?
En primer lugar, es importante mencionar ¿Qué es el FMI? Este es una organización de 189 países que trabaja para fomentar la cooperación monetaria mundial y en proveer las mejores prácticas internacionales en política económica. Además, como parte de sus beneficios para los miembros, los provee con financiamiento en situaciones de estrés.
¿Qué quiere decir esto para Costa Rica? El FMI funcionaría como un consultor para el país en su proceso de reforma fiscal, instruyendo a las autoridades en las mejores prácticas que se puedan adaptar a la realidad económica. Además, tendría el papel de prestamista para atender las necesidades de financiamiento. Por último, no se debe olvidar que “no hay almuerzo gratis”. El apoyo tiene un costo, el cual se refleja en los objetivos medibles que Costa Rica tendrá que alcanzar. Es decir, también será un fiscalizador del proceso.
Esta entidad es un facilitador del proceso, y recurrir a este apoyo trae sus beneficios, así como sus costos.
En lo que a beneficios se refiere, el FMI apoyaría al Gobierno con su conocimiento técnico y con préstamos a bajo costo y largo plazo. A esto se suma, el hecho de que se obliga al país a establecer metas claras, sin embargo, esto se convierte en el costo o condición. Las medidas que surjan para alcanzar estos objetivos pueden ser más estrictas, si las comparamos con el escenario donde no se solicite el apoyo de esta organización.
Partiendo de análisis, la realidad de llevar la muy necesaria reforma fiscal en el país que permita y garantice estabilidad, desarrollo, crecimiento, empleo, igualdad y reducción de la pobreza en los próximos años, no depende del Fondo Monetario Internacional. El Gobierno es el principal responsable y debe estar comprometido con la causa, pero no se debe dejar de lado el rol del sector privado que aporta gran conocimiento al proceso de formación de propuestas como parte de la negociación a nivel país.