El 22 de febrero del 2014, Enrique Peña Nieto evitó los triunfalismos. El presidente mexicano confirmó la tarde de ese día, sin mayores aspavientos, la captura de Joaquín El Chapo Guzmán, el narcotraficante más buscado del mundo.
La noticia le daba un respiro al gobierno que estaba perdiendo credibilidad y que empezaba a enfrentar críticas por su ineficacia ante los problemas de seguridad, una economía estancada y un grupo de reformas relacionadas con educación, telecomunicaciones y apertura energética que no mostraban resultados. En ese entonces, los homicidios dejaron de aumentar, pero había desconfianza, porque la cifra de secuestros, extorsiones y robos se disparó. Empezaba así a complicarse el segundo año del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el poder, pero la detención del capo más poderoso le estaba dando al gobierno un margen para que las dudas se disiparan, al menos por un tiempo.
¿Qué puede ser peor que el revés de un logro?
Pasó lo increíble. La alerta llegó poco después de las 2 a. m. de este domingo 12 de julio: el líder del cartel de Sinaloa, de 58 años, se fugó de la cárcel de máxima seguridad El Altiplano a través de un túnel de 1,5 kilómetros iluminado, con ventilación y rieles. Escapó por la ducha, la única parte de la celda que no tenía cámaras de vigilancia. La última vez que se le vio fue a las 8:52 p. m. del sábado.
La fuga de El Chapo es un golpe más a la dignidad mexicana, deteriorada ya por la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa en setiembre, a quienes las autoridades judiciales dieron por fallecidos poco tiempo después de que se confirmara que el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, fueron los autores intelectuales de la matanza.
El 8 de noviembre, Jesús Murillo Karam, quien era el procurador general, dio declaraciones contundentes: los jóvenes fueron trasladados a un basurero en Cocula, donde los ejecutaron y luego los quemaron. Esta fue la conclusión a la que llegaron las autoridades tras escuchar el relato de tres sicarios, que dijeron haber participado en la masacre. Sin embargo, los familiares de los normalistas querían más respuestas que testimonios y exigieron pruebas que nunca llegaron.
Este caso conmocionó a la comunidad internacional, pero dentro de las fronteras mexicanas se trataba de una práctica conocida. Según cifras oficiales, en México se habían registrado 23.100 desapariciones forzadas hasta febrero de este año. La mayor cantidad se llevaron a cabo durante la administración de Felipe Calderón (2006-2012), el mandatario que le declaró la guerra al narcotráfico y lanzó al Ejército a la calle.
Un escándalo más erosionó a Peña Nieto el año pasado. En medio de la crisis por la desaparición de los estudiantes, el presidente se vio acorralado debido a la compra de una mansión que efectuó su esposa Angélica Rivera por $7 millones a una firma vinculada con el consorcio elegido para construir el primer tren de alta velocidad del país.
En pleno malestar, el presidente y su esposa viajaron a China a participar en las cumbres APEC y G-20 y dejaron un país enfurecido que exigía cuentas.
Y ahora, cuando la calma parecía llegar, México vuelve a estremecerse con la segunda fuga de El Chapo, la cual pone sobre manifiesto la corrupción institucional, el escepticismo, la frustración y abona el temor y la incertidumbre sobre hasta adónde llega el poder del narcotráfico.
Al Chapo lo llaman el último narco, la pesadilla de México. Es tenaz, calculador y la revista Forbes lo incluyó como uno de los hombres más ricos del mundo. El capo, el jefe del cartel que llegó a operar en tres continentes, que se escapó de una prisión por primera vez en el 2001, hoy forma parte de uno de los retratos más dañados de México, un país que subsiste a golpes de desconfianza.
Por: Ximena Alfaro M.