El riesgo de nuevos deslizamientos obligó al Ministerio de Salud a dar un plazo de 30 días para que los habitantes de calle Lajas, en San Antonio de Escazú, San José, desalojen sus viviendas.
Así lo confirmó el director del área de Salud de Escazú, Guillermo Tremiño, quien dijo que el plazo obedece a razones meteorológicas.
“El tiempo nos permite valorar racional y proporcionalmente ese plazo. Pero, si mañana empieza una tormenta que se alarga hasta el lunes, nosotros tenemos que acortarlo”, señaló.
Pese a que la mayoría de vecinos de calle Lajas desalojaron la zona tras el desastre causado en noviembre por la tormenta Tomas, todavía 19 familias viven allí, según datos del Ministerio.
De ellos, algunos se resisten a marcharse. La Asociación de Desarrollo de Calle Lajas presentó una revocatoria a la orden del Ministerio y pidió que se realice un nuevo informe técnico de riesgo.
El informe técnico elaborado tras los desprendimientos fue avalado por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), lo que le otorga carácter vinculante para las autoridades.
“Lo que cayó es apenas un 20% de lo que hay disperso entre tierras y piedras, que es lo que hace viable el riesgo inminente”, afirmó Tremiño, quien aseguró que tendrán que recurrir a la Fuerza Pública si los vecinos insisten en quedarse.
Reubicación. Mientras tanto, el Ministerio de Bienestar Social y Familia continúa los trámites para ejecutar el proyecto de reubicación de los damnificados, que aún no tiene un lugar asignado.
“Se están negociando los terrenos”, afirmó el ministro de Bienestar Social, Fernando Marín, quien estimó que el proyecto, para el cual se logró, por ahora, una partida de ¢1.000 millones, podría necesitar como mínimo un año más para estar completamente acabado.
De las 55 familias censadas como afectadas, 45 califican para recibir lote y vivienda. Las 10 restantes, en cambio, recibirán lote, pero no bono de vivienda “por poseer propiedades a su nombre o ingresos altos”, aunque en algunos casos se podría revisar su situación.
Además, la mayoría calificó para recibir el aporte para alquiler del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) por ¢120.000 mensuales.
“El IMAS va a apoyar a las familias pobres con alquiler hasta que esté la situación solucionada”, dijo Marín, su presidente ejecutivo.
No obstante, algunos vecinos con mayores recursos consideraron “injusta” la situación y aseguraron no tener adónde ir cuando se efectúe el desalojo.