“Como propietaria de armas desde hace tiempo, creo que el derecho de guardar y llevar armas no debería depender de la ciudad donde se vive”, dijo Gabrielle Giffords en el 2008, al explicar su voto en contra de una ley para prohibir la tenencia de armas en Washington D.C.
La congresista estadounidense, quien recibió un disparo en la cabeza en el tiroteo del sábado 8 de enero en Tucson, es una defensora de la tenencia de armas como “tradición de Arizona” y ha rechazado en varias ocasiones limitar la Segunda Enmienda, que protege este derecho.
Tras esta masacre, ha quedado claro que poseer armas en Estados Unidos no solo es más fácil de lo que muchos creerían, sino que las autoridades son poco cuidadosas a la hora de investigar el historial de salud mental de los compradores.
Así, el tiroteo ha reabierto una vez más la polémica, más aún después de conocerse los antecedentes clínicos de Jared Lee Loughner, el joven de 22 años que ese sábado irrumpió en un acto de la congresista demócrata y abrió fuego contra los asistentes.
El tiroteo acabó con la vida de seis personas e hirió a otras 14, entre ellas Giffords, quien fue hospitalizada en estado crítico pero estable, después de que una bala le traspasara el cráneo.
Victimario sin control
Loughner había sido expulsado en otoño del 2010 de la Universidad de Pima County, por supuestos problemas mentales y, para ser readmitido, se le exigió un certificado médico en el que se asegurara que su presencia no suponía un peligro para él ni para sus compañeros.
Sin embargo, ese mismo documento no se le pidió cuando, ese mismo año, compró un revólver semiautomático Glock de 9 milímetros en un almacén en las afueras de Tucson, donde vivía.
Dentro de la tienda Sportsman’s Warehouse –donde, según los fiscales, adquirió el arma Loughner– hay un letrero que menciona, como requisito único, una edad mínima de 18 años para comprar fusiles y de 21 para comprar pistolas.
Previamente, Loughner había intentado enlistarse en el ejército estadounidense, mas su solicitud fue rechazada tras dar positivo en un control de drogas.
En Estados Unidos, cualquier ciudadano puede comprar un arma, excepto si se demuestra que puede ser un peligro para sí mismo o para los otros, según la Ley Federal de 1968.
En 1993, se introdujo una enmienda a la ley James Brady. Esto sucedió años después de que el secretario de Prensa del presidente Ronald Reagan resultara baleado en un intento de asesinato contra el entonces mandatario, en 1981. La enmienda incluyó la exigencia de realizar averiguaciones sobre el pasado clínico del comprador.
Sin embargo, en la práctica, las autoridades estatales norteamericanas no están obligadas a entregar este tipo de información, y solo 22 de los 50 estados lo hacen voluntariamente, por lo que a menudo estos informes pasan inadvertidos.
Tras la masacre del 2007 en la Universidad de Virginia Tech –donde un joven de 23 años con problemas mentales mató a 32 personas e hirió a otras 25 antes de quitarse la vida– el Gobierno insistió de nuevo en que los estados comunicaran los informes a las autoridades federales.
Según datos del Sistema Nacional de Chequeo Instantáneo de Antecedentes Criminales (NICS, por sus siglas en inglés) , Arizona envió 4.465 historiales entre el 2008 y octubre del 2010, una cifra muy baja si se considera que, probablemente, se entregaron más de 121.000 documentos en ese lapso.
Tom Rompel, dueño de la tienda de armas Black Weapons Armory, en Tucson, manifestó que sus clientes se arman para cazar o defenderse del crimen, el cual –explicó– ha aumentado por la cercanía con la frontera mexicana, ubicada una hora al sur de Tucson. “Esto es Estados Unidos. A la gente le encanta disparar”, afirmó.
Varios políticos como Rand Paul, senador republicano por Kentucky, han desestimado que lo ocurrido en Tucson pueda llevar a modificar la legislación federal sobre la tenencia de armas. “ Las armas no matan gente; es el individuo quien mata”.
La Segunda Enmienda de la Constitución consagra el derecho de los estadounidenses a la tenencia de armas y el Tribunal Supremo siempre ha sentenciado a favor de este derecho contra los intentos de algunos estados y ciudades por limitarlo.
Se trata de un debate que, tanto demócratas como republicanos, evitan agitar, ya que es uno de los temas que más divide a la sociedad y al ámbito jurídico en Estados Unidos.
Además, los dos principales partidos políticos reciben cuantiosas contribuciones económicas por parte de la poderosa Asociación Nacional del Rifle (NRA), que hace un fuerte lobby a favor de la tenencia de armas en la nación de Obama. Según estadísticas oficiales, 90 millones de estadounidenses tienen cerca de 200 millones de armas.