El orgullo nacional está justificado. La aprobación del Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA), culmina con rotundo éxito un gran esfuerzo nacional; destaca la eficacia de una política exterior arraigada en principios; evidencia, y a la vez proyecta, el poder inteligente de Costa Rica en el mundo, y nos allana el camino para otras iniciativas diplomáticas.
Pero lo más importante es que, gracias a la articulación de esos factores en una coalición con países afines, contribuimos de manera determinante a crear condiciones para mejorar la vida –y evitar la muerte– de millones de seres humanos. Aquí debe asentarse nuestra mayor complacencia. De aquí surgió la voluntad de impulsar el Tratado.
Efecto creciente.- El TCA no tendrá efectos inmediatos. Su impacto será pausado y acumulativo.
Su universalidad quizá requiera más de una generación. Pero constituye un paso fundamental, porque crea un marco jurídico con razonable solidez para regular y dar transparencia al comercio internacional de armas convencionales, evitar su desvío y reducir su tráfico ilícito.
Su ámbito de aplicación incluye desde vehículos y aeronaves de combate, hasta armas pequeñas y ligeras, pasando por buques de guerra, sistemas de artillería y misiles.
La gran omisión en su alcance son las municiones, piezas y componentes de las armas, por cuya incorporación Costa Rica insistió tenazmente. Sin embargo, los Estados deberán aplicar a su exportación los mismos estándares de evaluación que para las armas.
Los exportadores deberán evaluar, antes de vender armas, municiones, piezas y componentes, su impacto en los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, con particular atención a las mujeres y los niños. Además, deberán regular los intermediarios el tránsito y trasbordo.
De este modo, el Tratado será clave para evitar que las armas caigan en manos de terroristas y delincuentes internacionales; también, de regímenes capaces de violar sus obligaciones internacionales con la paz y la seguridad, o de cometer genocidios u otros crímenes atroces.
Todo lo anterior será clave, como el propio Tratado dice en su primer artículo, para “reducir el sufrimiento humano”.
Fue alrededor de tales propósitos cuando, luego de extenuantes y prolongadas negociaciones durante casi dos años, y en diferentes etapas, se logró elaborar el Tratado.
Pero el camino fue aún más largo y complejo. Se remonta a finales del pasado siglo, cuando, con el apoyo de algunas organizaciones no gubernamentales, en particular Amnistía Internacional, el expresidente Óscar Arias logró que un grupo de premios Nobel de la Paz propusiera un código de conducta sobre el comercio de armas.
El 6 de diciembre de 2006, la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución de Argentina, Australia, Costa Rica, Finlandia, Japón, Kenia y el Reino Unido, para poner en marcha el proceso en la Organización. A partir de entonces, este grupo de países hemos sido conocidos como los “coautores”.
Con esta primera resolución, el Tratado se convirtió en una prioridad de nuestra política exterior, y recibió atención prioritaria del anterior y el actual Gobierno, en particular desde la Cancillería y la Misión ante la ONU en Nueva York.
La última etapa del camino trazado fue la Conferencia Final que se celebró entre el lunes 18 y el jueves 28 del pasado marzo, también en la ONU.
Muchos, no todos.- Lo mejor habría sido aprobar el Tratado por consenso en ese foro. En algún momento pareció posible.
Al final, Irán, Corea del Norte y Siria rechazaron el texto, y la conferencia concluyó sin consenso ni Tratado.
Sin embargo, gracias a la planificación y rápida reacción de los siete países coautores del TCA, además de Estados Unidos, México, Nigeria, Noruega y Nueva Zelanda, el texto pudo ponerse a consideración de la Asamblea General, como resolución, el martes 2 abril en la mañana.
Tampoco entonces hubo consenso, pero sí un triunfo resonante: 154 votos a favor, solo tres en contra y 23 abstenciones, además de 13 ausencias o “no votos”. No fue un nacimiento universal, pero ocurrió en el seno de la ONU y con una mayoría tan robusta que garantiza su pronto avance inicial.
Según la resolución, el Tratado se abrirá para firma el 3 de junio, y entrará en vigencia cuando obtenga, al menos, 50 ratificaciones, algo que podría ocurrir con relativa rapidez.
El impacto.- Aunque solo los Estados parte estarán obligados a cumplirlo, conforme más países adopten el Tratado mayores serán las posibilidades de que otros se sumen. Además, sus norma irán penetrando en las corrientes del derecho internacional, y quienes insistan en quedar al margen es probable que se vean obligados a mejorar la transparencia, regulación y cuidados de su comercio de armas.
Es decir, y como es usual en los tratados, ante la ausencia de sanciones explícitas para quienes violen el Tratado, y con países al margen de él, la clave de su vigencia y eficacia estará en el número y ritmo de las adhesiones, la intensidad de las presiones políticas, el buen ejemplo de los exportadores responsables, las presiones internas en algunos Estados y las exigencias, estímulos y denuncias de la sociedad civil.
Durante la votación del martes, las abstenciones más significativas fueron de China, Rusia e India, por su emanación geopolítica, población, economía, industria bélica y fuerza militar. Además, los dos primeros son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Al justificar sus respectivos votos, sin embargo, ninguno de esos países cerró la posibilidad de incorporarse al Tratado, y es posible que la masiva adhesión de otros los estimule en tal sentido.
Para Costa Rica, la tarea sigue. Ya reanudamos las conversaciones con los coautores y otros países afines, para contemplar futuras acciones en el seno de la ONU. Pero más importante aún, para reafirmar nuestro compromiso con el Tratado e impulsar su creciente carácter universal, es que nos pongamos como meta ser el primer país en ratificarlo, como ocurrió con la Convención Americana de Derechos Humanos en 1970.
De este modo, la responsabilidad estará más cumplida y el orgullo, mucho más justificado.