El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) reconoció al partido Frente Amplio el 87% de los gastos que reportó haber tenido durante las elecciones de febrero.
La agrupación en la cual milita el diputado José María Villalta alegó haber incurrido en erogaciones de campaña por casi ¢342 millones y el TSE le aprobó ¢296 millones.
El Tribunal rechazó otros ¢46 millones al estimar que estos gastos no cumplían con los requisitos necesarios para ser compensados por el Estado.
Por cantidad de votos obtenidos, este grupo tenía derecho a recibir casi ¢350 millones.
Dichas conclusiones se desprenden de un informe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE, el cual aún debe ser avalado por los magistrados del Tribunal.
Durante la campaña, el Frente Amplio hizo una emisión de bonos de deuda política de ¢600 millones, tipo A, pero solamente logró colocar ¢350 millones.
Dichos bonos se usaron principalmente para pagar servicios a proveedores; por ejemplo, a medios de comunicación.
Con la liquidación que hizo el Departamento de Financiamiento de Partidos, el valor de los bonos A emitidos por el Frente Amplio se reducirá al 50%.
Es decir, si una persona o empresa tiene un bono de ¢10 millones, este valdrá ¢5 millones a la hora de hacerlo efectivo.
Sin embargo, Rodolfo Ulloa Bonilla, tesorero del partido, estimó que podrán pagar casi la totalidad de las deudas contraídas en campaña porque tendrán un sobrante de bonos con un valor aproximado a los ¢125 millones.
Estos serán usados posteriormente para pagar a los proveedores las diferencias que no sean cubiertas con los bonos.
“Puede ser que quedemos con alguna pequeña deuda”, comentó Ulloa.
En la última elección nacional, el Frente Amplio obtuvo un diputado y cuatro regidores, tres de ellos en coalición con otros partidos.
60% a Restauración. El TSE también acaba de emitir la resolución de deuda política del partido Restauración Nacional. En este caso, pagará cerca del 60% de los costos alegados.
Dicha agrupación reportó gastos por ¢213 millones, pero el TSE solo le reconocerá ¢129 millones. Por cantidad de votos, tenía derecho a ¢136 millones.
Con esta liquidación, Restauración Nacional podrá pagar la totalidad de su emisión de bonos A de ¢100 millones y menos de un 30% de la emisión B, que también fue de ¢100 millones.
Mónica Catalán Marín, tesorera del partido, dijo que no apelarán el informe. Añadió que a muchos proveedores les pagaron con una porción de bonos A y otra de bonos B, por lo que considera que hay un equilibrio adecuado.
Además, los proveedores sabían que los bonos son expectativas de pago, que dependen de la cantidad de títulos que obtengan los partidos, argumentó Catalán.
Cada uno conocía del riesgo, insistió la tesorera.