El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) dio a conocer ayer el rechazo a una orden judicial de embargo de certificados de cesión de derechos, conocidos como bonos de deuda política, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
La petición de embargo la planteó el Juzgado Contencioso Administrativo el 22 de febrero, dentro de un proceso de reclamo de ¢180 millones por daños y perjuicios. Ese reclamo lo presentó contra el PUSC el empresario Bernal Soto, excandidato a regidor en el cantón central de Alajuela.
Soto ganó un amparo electoral y fue el propio Tribunal el que condenó al PUSC al pago de daños y perjuicios, los cuales debían reclamarse en la vía contenciosa.
No obstante, como el partido no posee más patrimonio, se acudió a los certificados de cesión.
Según los razonamientos que esbozó el TSE en la resolución 3414-E7-2010, el Código Electoral considera inembargables los bonos de deuda política.
En todo caso, explicó, lo que actualmente existen son certificados de cesión de derechos que los partidos venden o entregan a proveedores de bienes y servicios.
Es hasta que las agrupaciones políticas presentan su liquidación de gastos de campaña y el TSE las aprueba, cuando se sabe el monto de deuda política a cobrar.
A partir de ese momento es que los poseedores de certificados pueden acudir a la Tesorería Nacional a cambiarlos por verdaderos bonos del Estado.
Debido a este procedimiento es que para el TSE es imposible retener bonos, como pide el Juzgado.
Por los 229.161 votos alcanzados, al PUSC le corresponderían ¢1.053 millones de deuda política. Empero, este partido colocó certificados de cesión por un valor tres veces mayor (¢3.000 millones).
Por esa razón ya sus certificados valen un tercio y de haberse acogido el embargo sería menor. En ese sentido, Juan Ignacio Mata, secretario general del PUSC, celebró la decisión del TSE.
“Aunque siempre van a valer menos, no va a afectarlos más ”, dijo Mata. Pero Bernal Soto manifestó extrañeza de que el TSE “desobedeciera una orden judicial”.