La frase se convirtió en un búmeran para la propia presidenta. Ahora los ticos deploran que la mandataria, Laura Chinchilla, calificara como un “lamentable descuido” las omisiones fiscales que se revelaron sobre varios de sus ministros.
Casi 8 de cada 10 costarricenses están en desacuerdo con la afirmación de Chinchilla y solo dos la avalan, según lo revela la más reciente encuesta de Unimer para La Nación.
Según los datos de la consulta, quienes más adversan la frase presidencial son las personas que consideran que la mandataria “no tiene el control de su equipo”, quienes no tienen simpatía por ningún partido o los simpatizantes del partido Movimiento Libertario.
El 26 de marzo la gobernante calificó por primera vez como un “lamentable descuido” que 11 ministros de su gabinete hayan incumplido con la ley de impuestos inmobiliarios.
Sus declaraciones se hicieron públicas luego de un reportaje de este medio en el que se reveló que, esos ministros, sus cónyuges o empresas relacionadas tenían al menos una propiedad sin declarar ante la municipalidad o la tenían estimada en un valor inferior al precio mínimo del terreno.
También se confirmó que el entonces ministro de Hacienda, Fernando Herrero, no actualizó durante 12 años el valor de dos propiedades (en Pavas y Escazú) y con ello dejó de pagar al menos ¢300.000 anuales en impuestos.
Escándalo conocido. Los encuestados por Unimer entre el 9 y el 17 de abril demostraron estar muy enterados del escándalo.
También reconocieron haber leído las noticias en las que también se evidenció que 8 de los 12 diputados claves en la discusión del plan fiscal tenían propiedades con valores desactualizados.
Los que más enterados estuvieron de esas noticias fueron los hombres, las personas mayores de 30 años, de altos ingresos económicos, con estudios universitarios y residentes de zonas urbanas.
Unimer preguntó a los ciudadanos si los ministros deberían tener la oportunidad de actualizar el valor de sus propiedades o deberían renunciar.
Ante esa consulta el 68% se inclinó por la dimisión de los jerarcas, mientras que otro 29% cree pertinente que se les permita actualizar el valor de sus bienes.
Un 3% no respondió.
Aunque la mayoría pidió la renuncia de los ministros, el único que abandonó el cargo fue Fernando Herrero, cuando se divulgó que tampoco reportó todos los ingresos que percibió su familia en período fiscal 2009-2010, a través de la empresa Procesos Investigación y Asesoría CA.
En su lugar, asumió el economista Édgar Ayales, quien actualizó el valor de su casa cuatro días antes de que se anunciara su nombramiento.
Gracias a la actualización, el valor declarado de la propiedad de Ayales aumentó un 40% (¢78,3 millones adicionales), lo que implica que el ministro pagará ¢195.000 más en impuestos a partir del próximo año, según confirmó la municipalidad de Curridabat.
La opinión de que los jerarcas deberían renunciar es más fuerte entre los simpatizantes del Movimiento Libertario y quienes planean no votar en el 2014.
Las opiniones son aún más radicales cuando se le consultó a los ciudadanos si el comportamiento de los diputados y los ministros fue éticamente correcto o incorrecto.
Para 9 de cada 10 personas el comportamiento fue incorrecto desde el punto de vista ético.
La misma relación numérica se da ante la pregunta de si el comportamiento de los ministros y los congresistas cumple con la ley. El 91% estimó que los jerarcas y los legisladores están incumpliendo las leyes tributarias.