Vivimos en una democracia y, por lo tanto, en un Estado de derecho. Esto significa, en palabras simples, que toda actuación legislativa tiene que estar en concordancia con la normativa jurídica. La normativa nacional incluye los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos y no les corresponde a las y los legisladores el determinar para quiénes estos derechos aplican, o bien el restringir su contenido a su antojo. El deber de la función legislativa es el de proteger los derechos que ya se han reconocidos como tales por la misma normativa, tanto nacional como internacional.
Costa Rica es un Estado soberano y, como tal, su voluntad fue de firmar y ratificar prácticamente todos los tratados y convenios en materia de derechos humanos. Con esta acción, incorporó dichos instrumentos a la normativa nacional, dándoles incluso, por medio de la interpretación de la Sala Constitucional, un rango supraconstitucional: Pacta sunt servanda : “Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe” (Art. 26 de la Convención de Viena).
Eliminar discriminación. Así, estos instrumentos internacionales, incluyendo sentencias y recomendaciones de sus comités y cortes crean la obligación normativa de eliminar toda forma de discriminación por género y sexo, incluyendo la discriminación por orientación sexual, para el acceso a servicios de salud, a elegir una pareja y a formar una familia del tipo que sea, así como a erradicar toda costumbre y tradición que tenga como objetivo el perpetrar los patrones socio-culturales y estereotipos que limiten los derechos de las personas y de las mujeres en particular.
Es falsa la afirmación de que los legisladores y las legisladoras solo tendrán que respetar la Constitución Política.
Alguien que se ha formado en Derecho sabe que, si bien la Constitución es la máxima norma en la jerarquía jurídica, el bloque normativo está compuesto tanto por las normas nacionales como por los instrumentos internacionales, los cuales incluso, y de acuerdo a la interpretación de nuestra Sala Constitucional, en caso de ampliar el contenido de un derecho humano estarán por encima de la misma Constitución.
Es necesario reconocer la libertad de culto en un país en donde la diversidad religiosa es vasta, pero las rendiciones de cuentas de los parlamentarios y las parlamentarias no es ante su dios, si es que tienen, sino ante el Estado y la sociedad costarricense. Si alguien considerara que algunas de las labores legislativas le pueden inducir a lo que esa persona, en particular, considere “pecado”, resulta entonces en que su credo es incompatible con la función y deber de legislar en el plano demarcado por el marco jurídico, y por lo tanto tiene el deber de presentar la renuncia, así como sus colegas y la ciudadanía tenemos el deber de solicitarla.
La moral es de ámbito personal, el legislar no lo es.
Las creencias religiosas, pertenecen al ámbito privado. El ejercicio de legislar pertenece a un ámbito público, en tanto se legisla para toda una sociedad, que es sexualmente diversa (heterosexual, homosexual, lésbica, trans, etc.) y, por lo tanto, tiene que estar en concordancia, no con los valores personales de los parlamentarios y las parlamentarias, sino con el bloque normativo costarricense.
Es decir, no se les pide a los diputados y diputadas que estén de acuerdo con algunos derechos, se les pide que se respeten porque ya han sido reconocidos como tales y que les brinde protección normativa que refuerce su ejercicio.
Ante un legislador a la cabeza de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos que, en repetidas ocasiones ha hecho declaraciones homofóbicas, machistas y xenofóbicas, y ha manifestado que no acatará la normativa internacional en materia de derechos humanos, y una presidenta que ha dejado claro que el tema de los derechos sexuales y reproductivos no es prioritario, es imperativo solicitar que se le retire a Costa Rica el puesto que ostenta en el Consejo de Derecho Humanos de Naciones Unidas. El ocupar una silla en dicho consejo no es más que una burla para el país.