Siete alcaldes que aspiran a mantenerse en el cargo para el período 2011-2016 enfrentan investigaciones en la Contraloría General de la República, la Fiscalía y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Ellos son: Johnny Araya (San José), Gilberto Monge (Mora), Fidel Cóndega (Guatuso), Jorge Chavarría (Santa Cruz), Carlos Cantillo (Carrillo), Carlos Gonzaga (La Cruz) y Marvin Elizondo (Garabito).
Los procesos en su contra tienen que ver con actuaciones del período 2006-2010.
Casi todos dicen tener pruebas para salir bien librados y, además, apuntan que algunos casos obedecen a persecuciones políticas.
Los siete alcaldes son integrantes del Partido Liberación Nacional (PLN), el cual ya presentó oficialmente sus candidaturas ante el TSE de cara a las elecciones del próximo 5 de diciembre.
Ese día, el electorado escogerá alcaldes, vicealcaldes, síndicos y concejales de distrito en las 81 municipalidades del país.
Luis Antonio Sobrado, presidente del TSE, sostuvo que las investigaciones no son un impedimento para intentar reelegirse.
La única limitación surgiría si se les sanciona con una prohibición para ejercer cargos públicos.
Los casos. En su mayoría, los casos son llevados por el Ministerio Público, el cual actuó, en varios casos, por denuncias de la Contraloría.
Marvin Elizondo, alcalde de Garabito, tiene un proceso abierto en la Fiscalía luego de que el ente contralor, lo denunciara en el 2008 por el aparente uso indebido de un vehículo municipal.
Elizondo afirmó que ya el TSE lo suspendió 15 días por ese hecho y ahora espera declarar en un juzgado. Destacó que, al margen de eso, su municipalidad es una de las de mayor avance en el ranquin de eficiencia de la Contraloría.
La Fiscalía también le abrió una investigación al alcalde de Santa Cruz, Jorge Enrique Chavarría, por el otorgamiento de unas patentes comerciales. Él afirmó que no hay delito y que el proceso judicial le ha dado la razón.
En cuanto al alcalde de La Cruz, Carlos Matías Gonzaga, la Contraloría remitió en el 2009 una denuncia a la Fiscalía por delitos de enriquecimiento ilícito e influencia en contra de la hacienda pública, entre otros cargos.
Además, el TSE estudia la posibilidad de cancelar su credencial por “uso indebido de bienes del Estado”. Se le atribuye haber usado una avioneta con recursos públicos para viajar a inscribirse al Colegio de Abogados.
Gonzaga sostuvo que ya aportó pruebas para demostrar su inocencia en este caso.
Fidel Cóndega, alcalde de Guatuso, es investigado judicialmente por presuntos pagos irregulares y falsedad en la recepción de bienes. Este medio le dejó varios mensajes en su oficina, pero no respondió.
Mientras tanto, el alcalde de Carrillo, Carlos Cantillo, es indagado por no declarar ¢300 millones como parte de sus bienes. Al respecto, el funcionario dijo que no hubo mala intención y que el dinero es producto de su trabajo privado.
La Fiscalía además indaga al alcalde de Mora, Gilberto Monge, porque supuestamente puso materiales municipales como garantía para un préstamo que beneficiaría a una asociación de desarrollo.
Al respecto, Mora manifestó que no hay delito y que no se arrepiente porque su intención era ayudar a la comunidad.
En San José, el alcalde Johnny Araya enfrenta un proceso en la Contraloría por la compra de un sistema de catastro y otro, en el TSE, porque, al parecer, no vive en el cantón capitalino.
Araya sostiene que la denuncia sobre el catastro no tiene fundamento porque el sistema almacenó una base de datos con la identificación de más de 100.000 fincas.