Mi jubilación, la cual cacareé aquí mismo (“Júbilo”, 15/12), fue de la docencia, no de esta página. Así es que seguiré opinando para mis muy motivantes lectores, hoy sobre un tema crucial de cara a las próximas elecciones. También preocupan las recurrentes omisiones de tantos que no solo no reconocen por qué hemos sido tan colectivamente negligentes y omisos con la “verdadera mesa servida” que el país ha tenido desde 1949 en su espléndido marco jurídico-conceptual, si fuera correctamente visualizado y aplicado, sino que continúan proponiendo como “necesario para avanzar”, “más” leyes, “una” Constituyente, “políticas” de Estado, “reforma” del Estado, gobierno “corporativo”, “nuevos” modelos de desarrollo, “más” planificación estratégica'
Ni entre los más escépticos antiestatistas ni serios analistas vemos interés en reconocer lo que un presidente de la República ya puede y tiene, en el marco de la Constitución y diversas leyes operativas, que hacer como líder movilizador del país: garantizar el eficaz cumplimiento de todas las leyes, pues sin ello no hay disfrute pleno de los derechos por todo habitante; dirigir planificadamente, con cada ministro, a ministerios y entes así como sus multimillonarios recursos para que funcionen como un reloj y resuelvan los problemas en materia ambiental, seguridad social, producción industrial, agropecuaria, infraestructura vial, salud y educación; como si fuera poco, puede simplificar al máximo, ya, trámites y requisitos. Tiene también que involucrar de forma ordenada y continua a la sociedad civil, por sectores de actividad y regiones de desarrollo, en la bajada a tierra del modelo-país solidario visualizado en artículo 50 de la Constitución (lean art. 1 de la Ley 5525 de 1974!); y, para completar el círculo virtuoso, tiene que dar cuentas y asumir responsabilidad unívoca por su gestión. Y, todo bajo el control de la Asamblea y de la Contraloría, ambas con enormes potestades correctivas, pero muy débilmente ejercitadas. El asunto fundamental es simple: un gobernante que no entienda esos conceptos y no ejercite las competencias y mecanismos derivados, nunca logrará generar las mejores soluciones operativas –y, sobre todo, unitarias e integrales– en ningún campo de actividad.
Tantos que hoy sueñan, y se destapan, como candidatos a ser presidentes de la República, o bien a repetir candidatura por segunda y tercera vez –aun aquellos que han sido ministros varias veces– siguen dando claras muestras por sus palabras de que si llegan, lo harán en el mismo olor de ignorancia de la vez anterior, o bien de sus antecesores. O sea, siguen sin reconocer lo que Constitución y leyes establecen como modelo-país y normas para gobernarlo eficazmente cuando ello es lo que, precisamente, tendrá uno de ellos que jurar el 8 de mayo del 2014. Pero ¿muestra candidato alguno la más mínima preocupación de que cumplir con ese juramento no puede ser “políticamente opcional” –como lo prometió el 8 de mayo, contraviniéndolo con sus decisiones posteriores la actual presidenta–, sino un indeclinable deber que requiere de visión, disciplina, liderazgo, grandísima responsabilidad y... conocimiento? O sea, todo lo contrario al malhabido “mérito” de estar cerca de quien tiene el poder político para imponer tan inmerecidas prebendas “de altura”... ¡en todos los poderes y órganos!
Con ellos, llegan los aspirantes a ministros, presidentes ejecutivos y múltiples colaboradores que, sin haber nunca reconocido estas veleidades propias del Gobierno y de una legalidad que determina la eficacia real de este, acaban en puestos clave bajo el inaceptable mérito de haber sido incondicionales de campaña, práctica que nunca mejora el desempeño de las instituciones; menos, del gasto público como tal. Es un clientelismo partidista cada vez más ungido como pauta de éxito para “estar ahí”.
Todo esto nace de los partidos políticos mismos cuando, al omitir el análisis de estos factores, problemas y consecuencias, convierten sus propuestas en fuentes de diagnósticos distorsionados que estimulan a que todos actúen al calor de las ocurrencias del nuevo presidente y del grupo impreparado, o amañado, de colaboradores de turno.
Sobre una Constituyente. Quienes predican una Constituyente o una “gran discusión nacional” para debatir el “mejor modelo posible”, han precisamente rehuido toda discusión sobre los factores que por décadas hemos señalado como los más relevantes –incluida nuestra limitante cultura política de origen colonial– en la ineficaz instrumentación de Constitución y leyes vigentes de Primer Mundo. No “dar pelota”, resulta para muchos una vía fácil de lidiar con “una” realidad nacional menos incómoda, transmitiendo entonces la idea errada de que cambiando de Constitución, seremos más desarrollados.
Nuestra fuente de referencia crítica es inobjetable. Aparte de muchos artículos recientes e informes que reciben gran atención mediática, el ‘Primer ideario costarricense del siglo XXI’, UNA, 2010, agrupó a unos cien analistas, destapables incluidos. Hay aportes valiosos per se, pero ninguno reconoce “esas” macrocausas orgánico-genéticas que igual impedirán el éxito de cualquier nuevo “modelazo”. La caótica situación del país, sin atisbos de una resolución integral precisamente, sostengo, por seguirse ignorando “esos macrofactores” que refiero, habla por sí misma.
Hay aquí un síndrome común: querer “comprender Costa Rica” aplicando experiencias de otros países desarrollados, o por la mera emoción momentánea del analista. Ejemplo: ¿proponer un referendo nacional para cambiar la junta de la Caja? ¡Por Dios! Eliminando el régimen de presidencias ejecutivas se exorcizaría la mayoría de los demonios presentes desde 1974 en todos los entes autónomos, no solo en la Caja. Otro: ¿asignar a la autoridad presupuestaria, por decreto, “rectoría” del empleo público cuando dicha noción de “rectoría” está constitucionalmente reservada al órgano Poder Ejecutivo como tal? ¡Por Lucifer! ¿Y la autonomía administrativa constitucional de los entes descentralizados? ¿Dónde están la PGR, la CGR y la DH? Estamos definitivamente ante un mal formativo, y de oportunismo político, que hay que extirpar con urgencia; o el país seguirá hundiéndose.