La inseguridad ciudadana existente en Costa Rica, aparte de sus graves efectos personales y económicos, tiene una serie de negativas consecuencias colaterales. Así, el miedo al crimen desvía la atención de los problemas sociales, haciendo que el delincuente se convierta en un chivo expiatorio, un “diablo” que no nos permite vivir en paz, como ocurría en un pasado.
La concentración de las discusiones en el tema de la seguridad ciudadana se apreció en las elecciones de 2010, en las que se dejaron de discutir otros problemas, como el desempleo, la escasez de vivienda, el deterioro del sistema educativo, la pobreza, etc. La discusión se volvió monotemática, concentrada totalmente en el problema de la inseguridad ciudadana, dándose como respuestas la mano dura y la tolerancia cero.
El miedo al crimen y la inseguridad ciudadana hacen creer que la criminalidad necesitada de atención es la callejera, y no la corrupción y la delincuencia económica, que tanto daño causan. En consecuencia, hay quienes sostienen que en Costa Rica se debe eliminar el criterio de oportunidad por insignificancia, cuya finalidad es mayor eficiencia en la persecución penal de la corrupción y la delincuencia económica mediante la asignación prioritaria de los recursos escasos del sistema judicial a los hechos más dañinos socialmente.
Luigi Ferrajoli ha criticado en Italia, no sin razón, que en ocasiones la prioridad otorgada por ciertos grupos a la temática de la inseguridad ciudadana y la necesidad de sancionar con especial dureza los hechos relacionados con la delincuencia callejera, todo de acuerdo a una política de tolerancia cero (que no es sino una intolerancia selectiva), puede pretender, más bien, mandar el mensaje de que esa es la verdadera criminalidad a perseguir y sancionar, y no las “infracciones de los caballeros”, correspondientes a los delitos de la criminalidad no convencional.
En efecto, el miedo al crimen y la inseguridad ciudadana desvían la atención de la delincuencia económica y dentro de ella, de la corrupción. En consecuencia, se pierde la consideración del vínculo estrecho entre esta última y el estado de inseguridad ciudadana asociado a la delincuencia tradicional.
Corrupción y crimen organizado. Existe una relación innegable entre la corrupción y el crimen organizado que pretende erosionar los cimientos del Estado de derecho, poniendo al Estado a su servicio mediante su influencia corruptora en el ámbito político y burocrático. Es reconocido que el fenómeno de la corrupción, en particular la policial y judicial, tiene en Latinoamérica una relación estrecha con la impunidad de la delincuencia organizada.
Una característica de la corrupción es la desviación del ejercicio del poder y de los recursos públicos, utilizándolos no en beneficio de la colectividad, sino de los intereses egoístas del funcionario corrupto y de sus asociados en el acto delictivo. Todo ello provoca, por ejemplo, un desvío en beneficio propio de los gastos destinados a realizar los postulados del Estado social. Esto tiene incidencia no solo en el desconocimiento de los derechos de las personas a una vida digna, sino también en la seguridad ciudadana, ya que la mejor política criminal es una buena política social.
La impunidad con que se actúa en los actos de corrupción produce una deslegitimación del sistema estatal y, dentro de él, del penal. Generalmente se ha criticado, desde el punto de vista criminológico, que el sistema judicial esté destinado solo a seguirles causas penales a los excluidos socialmente, a perseguir delitos callejeros, sin tocar a los sectores ligados a la corrupción y a la delincuencia económica.
Entre los logros que el país debe agradecerle a Francisco Dall’Anese Ruiz está su lucha enérgica e inclaudicable por resquebrajar este esquema, de modo que nadie pudo sentirse intocable mientras estuvo a cargo de la jefatura del Ministerio Público. Gracias, Francisco.