Es normal en las democracias que, con cierta periodicidad, los Gobiernos informen públicamente de sus labores. Así acaba de ocurrir en Costa Rica: por mandato constitucional, el actual Gobierno ha debido, al término de su primer año de mandato, rendir cuenta de sus actividades ante la Asamblea Legislativa el 1.º de mayo, articulando su argumentación en lo previsto sobre el tema en el Plan Nacional de Desarrollo (PND).
Las reacciones (de los partidos políticos opositores, de la mayoría de los analistas consultados y de los medios de comunicación) han sido sobre todo negativas, oscilando entre observaciones burlonas (“el bla, bla, bla de la inseguridad”) y el recurso a frases estereotipadas, generalmente vacías de contenido: en materia de seguridad ciudadana, la ausencia de una “política integral”, de “acciones concretas” y de una “visión de futuro”. Aunque, como se verá seguidamente, disentimos esencialmente con respecto a esta última afirmación, estamos de acuerdo con la primera carencia, señalada en los últimos años por la Contraloría General.
Sin embargo, ¿cómo explicar las críticas antes expuestas? A nuestro parecer, por la falta de información y reflexión sobre un tema con respecto al cual casi siempre han prevalecido las reacciones viscerales y oportunistas sobre las racionales.
Para que en adelante la razón se imponga –al menos en parte– sobre la pasión, importa presentar una descripción del problema, vista a través de sus aspectos teórico-conceptuales y metodológicos, camino indispensable cuando se pretende tener una visión de futuro rigurosa en el sector. Retomemos, entonces, el planteamiento del Gobierno sobre este problema.
Desde el inicio de su campaña electoral, la presidenta de la República consideró una prioridad la formulación e implementación de una política integral y sostenible de seguridad ciudadana.
Tal prioridad se reflejó primero en su Plan de Gobierno y, más tarde, en los tres objetivos estratégicos y las once acciones presentadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 con respecto al sector. Además, desde la conformación de su Gabinete, decidió asumir personalmente la máxima responsabilidad en este sector. Al hacerlo, tenía ante ella dos opciones: el continuismo o una firme apuesta por el futuro.
Continuismo significaba fundamentalmente seguir la senda tradicional consistente, sobre todo, en recurrir a reformas de la legislación penal (en general, aumentando las penalidades para ciertos delitos o criminalizando ciertas conductas), a la mejora de los servicios policiales y judiciales (especialmente en términos del incremento de sus efectivos), o a la improvisación de soluciones en el plano local (creación de comités, barrios organizados); estas soluciones tenían –y siguen teniendo– al menos un importante factor común: situarse en el marco de las características fundamentales de un Estado de derecho.
Un cambio radical de enfoque. La Presidenta optó por una manera radicalmente diferente de encarar el tema. Ante todo, basando sus actuaciones en principios rectores tales como la integralidad (consecuencia de la complejidad de un tema que comprende elementos de realidad y de percepción, así como la intervención de instituciones variadas y de la sociedad civil), el rigor, la sensatez, la transparencia y la sostenibilidad (asegurando la continuidad de las estrategias y acciones previstas y aplicadas y superando, de esta manera, los inconvenientes inherentes a los cambios de Gobierno).
En segundo lugar, rechazando categóricamente, a la vez la inacción (antes bien, reafirmando el derecho del Estado – ius puniendi – a intervenir ante el fenómeno delictivo) y las políticas de “mano dura”, tan aceptadas en la mitad norte del istmo centroamericano que, además de no haber conseguido disminuir los índices de la criminalidad violenta, han generado resultados negativos, tales como la restricción de las garantías y derechos fundamentales de los ciudadanos y la criminalización –injusta, en principio– de determinados grupos.
En tercer lugar, orientando las estrategias y acciones del Gobierno en una visión de futuro ampliamente justificada por el hecho de que, desde hace tiempo, la seguridad ciudadana constituye el principal problema social del país, lo que implica, no tanto la identificación de los problemas concretos existentes en materia de criminalidad e inseguridad, sino la de los desafíos que enfrenta el gobernante de turno para encararlos y de la manera concreta de hacerlo con resultados socialmente satisfactorios.
Desafíos acuciantes. A este respecto, los más acuciantes desafíos en el sector son: (1) los fuertes incrementos de la insatisfacción ciudadana ante la intervención institucional, que se está traduciendo en el desarrollo de tendencias represivas de porcentajes considerables de la población; (2) el auge del crimen organizado y, sobre todo, del narcotráfico, cuya amplitud supone una grave amenaza para un Estado democrático y la gobernabilidad de un país por su potencial de corrupción y extorsión, la impunidad de que suelen gozar sus dirigentes, la utilización de la delincuencia “común” en numerosas actividades y el deficiente control del Estado sobre un fenómeno que se manifiesta en los planos regional e internacional; y (3) la escasa fortaleza de los programas centrados en la prevención de los factores asociados a la delincuencia.
Partiendo de estas bases, el Gobierno ha intentado alcanzar los tres objetivos estratégicos previstos en el PND (el fortalecimiento de la Policía y del sistema penitenciario; de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado; y de la institucionalidad democrática, la gobernabilidad y la convivencia pacífica), a cuyos resultados dedicaremos otro artículo.