Algunas dudas y reservas rodean un proyecto de ley tendiente a utilizar un 3% del 13% del impuesto sobre las ventas para financiar fondos individuales de pensiones.
El plan está en la corriente legislativa desde el año pasado y fue presentado por el exdiputado y excandidato presidencial Wálter Coto.
Según la iniciativa, cada vez que un consumidor adquiere productos, tiene derecho a que se destine ese 3% del tributo de ventas a su fondo individual. Los recursos se podrán utilizar al retiro, después de los 65 años.
Una de las principales dudas es acerca del problema fiscal que puede crear una eventual ley en ese sentido, pues recorta un porcentaje de los ingresos de la Dirección General de Tributación.
El diputado independiente, Luis Fishman, manifestó anoche que la iniciativa es como desvestir un santo para vestir a otro .
“Si estamos diciendo que los recursos no alcanzan, tomar un 3% para un fondo de retiro es desfinanciar más la obra pública, la infraestructura”, señaló Fishman.
Coto dijo al respecto que el incentivo de aumentar los recursos en el fondo individual convertirá a cada consumidor en un agente de control de la evasión fiscal.
Agregó que, según sus números, solo en el primer año se elevará la recaudación por ese impuesto en ¢18.000 millones.
La diputada del Movimiento Libertario, Patricia Pérez, consideró “muy interesante” la iniciativa de Coto, pero advirtió de que depende de la realidad de los números. Reconoció que se reunió con el exdiputado, pero no analizaron las cifras.
El promotor de la idea informó de que también se reunió con los jerarcas actuales del Ministerio de Hacienda. Ayer no fue posible tener la versión de esa entidad, pues el ministro y uno de los viceministros están fuera del país. El otro viceministro se hallaba fuera de San José.
El diputado liberacionista Fabio Molina expresó que no conocía a fondo la propuesta y, por ello, prefirió no referirse a esta.
En tanto, la Superintendencia de Pensiones (Supén) pidió aclarar aspectos como quién administraría esos fondos (propone que sean los fondos de pensiones), quién asumirá los costos de operación y si se establecerían comisiones.
Dijo que tampoco se aclara la potestad regulatoria que tendría la Supén sobre ese nuevo esquema de pensiones, o si se deja solo en manos de las operadoras.