La saga del magistrado Cruz movilizó al país hacia un momento de unión poco común. Pero sería un error creer, y sobre todo que la Sala IV crea, que esa unión refleja un voto de apoyo a su funcionamiento. Lo que nos unió fue el intento del PLN – aliado al calderonismo y al guevarismo – de construir mayorías temporales para violentar la independencia del Poder Judicial, poniéndolo en indefensión con advertencias sumarias no argumentadas ni sustentadas en razones concretas.
También nos unió la suposición de que desde las sombras habían movido sus tentáculos los que una vez más dictaban en democracia, con el fin de controlar las instituciones que arbitran sobre la institucionalidad del país.
Cambios necesarios. Pero razones concretas para urgir cambios en el funcionamiento de la Sala Constitucional las hay y en abundancia. Veamos.
Ante consultas de constitucionalidad de los diputados, la Sala debe referirse exclusivamente a la constitucionalidad del correspondiente proyecto de ley y jamás a su conveniencia para el país, lo cual, en nuestro sistema de independencia de poderes, es resorte de la Asamblea Legislativa y del Poder Ejecutivo. Pero algunos magistrados de la Sala ha dictado resoluciones, en las cuales fundamentaron su voto en criterios de conveniencia y de oportunidad.
Como ejemplo de esa actuación inconstitucional de la Sala remito el lector a su Resolución N.º 2007-09469 de julio del 2007, sección XXV ( http://wvw.nacion.com/ln_ee/2007/julio/17/_MMedia/0000000828.pdf ). En ella, una mayoría de magistrados promueve con tal vehemencia el TLC que pareciera que la redacción de esta fue “telefoneada” desde la Casa Presidencial de los Arias. Fue tal su desborde de entusiasmo con el TLC que al final de esa resolución, de manera condescendiente, casi tierna, y tomando palabras del repertorio de los negociadores del tratado, esos magistrados nos ilustran escribiendo: “Todo convenio implica logros y cesiones, al aprobar la agenda complementaria Costa Rica habrá de ver incrementadas las ventajas y reducidas las desventajas. En esto consiste el arte y la ciencia de negociar a nivel internacional en los años actuales”.
Pero la intromisión de la Sala en funciones de otros poderes también se manifiesta cuando da curso a peticiones de personas y comunidades sobre acceso a medicamentos, construcción de puentes, etc. y dicta órdenes al Poder Ejecutivo para que proceda. De ese modo, al igual que los diputados de la política tradicional, los cuales desde hace unas décadas, respondiendo a presiones de los ciudadanos y de las comunidades, comenzaron a meterse en funciones del Poder Ejecutivo, utilizando la Ley de Presupuesto para ordenarle la asignación de partidas a obras específicas, hoy la Sala IV utiliza sus poderes inapelables para responder a presiones de ciudadanos y comunidades y ordenarle al Poder Ejecutivo que construya este puente o aquella cañería y que haga aquella acera (¡y al igual que en relación con los diputados, uno se pregunta si pueden tomar buenas decisiones sobre asuntos que sí les competen con tantos temas en su cabeza!).
No hay duda de que la administración pública ha fallado, a veces estrepitosamente, en cumplir sus obligaciones y que, en términos de política social, la Sala ha tomado excelentes decisiones a favor de minorías y comunidades. Pero, de acuerdo con la organización constitucional de nuestro Estado –que a la Sala sí le corresponde defender–, es al Poder Ejecutivo por medio de los ministros rectores y, en la dimensión legal, a la Asamblea Legislativa, los que deben establecer prioridades presupuestarias, rendir cuentas y ser castigados o premiados electoralmente por ese tipo de asuntos.
Caos institucional. Esas fallas del Poder Ejecutivo no pueden ser razón para que la Sala IV violente el principio de la independencia y delimitación de funciones y nos lleve a la pesadilla institucional de codearse con ministros y diputados decidiendo en qué se invierten los recursos públicos. ¿O es que defenderemos las actuaciones de los diputados, porque han nombrado maestros, seleccionado beneficiarios de bonos de vivienda u otorgado placas de taxi, respondiendo a peticiones ante carencias de la administración, ya que también en ocasiones podrían haber contribuido a mejorar la política social?
El caos institucional y el traslape de funciones creado por el clientelismo han colocado a los diputados en la mira de los cuestionamientos de las comunidades cuando las obras que demandan no se construyen. Con los papeles autoasignados por la Sala IV pronto llegará el día en que, si la CCSS no da una medicina o si falta un puente o un acueducto, será a los magistrados a quienes dirigirán sus reclamos los usuarios de las instituciones y los dirigentes comunales. ¡De ahí a verlos inaugurando obras, cortando cintas y pegando placas conmemorativas con sus nombres solo estaremos a un paso!
El caos institucional coprotagonizado por la Sala IV está a tono con la instrumentalización del reglamento legislativo por algunos diputados para usurpar la posibilidad de votación de las mayorías, la cual es intrínseco al funcionamiento del Poder Legislativo. Pareciera que nadie está dispuesto a limitar su accionar a los principios esenciales de nuestra organización republicana; más bien, algunos diputados y algunos magistrados de la Sala IV (y ni se diga, algunas autodenominadas “águilas”) han inventado mecanismos para hacerse de poderes que no les corresponden. Pero al menos los diputados, las “águilas” y sus partidos son castigables en la urna electoral por sus excesos. Lo que nunca debió ocurrir es que magistrados constitucionales, los que todos quisiéramos que lo fuesen hasta su retiro, se hayan enamorado del poder a tal medida que se solacen en recomendar qué políticas de comercio exterior le convienen al país, en decidir qué asuntos importantes serán atendidos por ellos porque el Poder Ejecutivo no los están atendiendo y en emitir órdenes sobre aceras o puentes, en fin, sobre lo profano y lo divino, y sobre cualquier tema bajo el sol, cual instancia concluyente en el devenir del país.
El caso del magistrado Cruz puso en evidencia reacomodos y quizá nuevos balances políticos. Pareciera que termina de desvanecerse el casi ciego beneficio de la duda otorgado a la cúpula liberacionista por parte de sectores muy influyentes durante el ciclo electoral del 2006 y el cual alcanzó su cúspide con el proceso del TLC. Los errores, desmanes y abusos éticos e institucionales de esa cúpula han sido tan frecuentes y descarados que ahora fácilmente tirios y troyanos se unen para escribir, marchar o protestar contra ellos.
Estas son buenas noticias para la democracia y para las posibilidades de que el país revise la ruta que se ha venido poniendo en práctica con resultados desastrosos en lo social y muy pobres –y peligrosamente insostenibles– en lo económico.
Pero ni ese unificador sentimiento anticúpula-PLN, ni el altisonante oportunismo revelado en el discurso –más de plaza pública que de Corte Plena– de algunos prominentes magistrados en los últimos días, deben desviarnos del camino hacia una reforma profunda dirigida a modernizar el funcionamiento de la Sala IV.