La Sala IV declaró sin lugar una acción de inconstitucionalidad contra la potestad de la Contraloría General de la República (CGR) para dictar la inhabilitación de funcionarios públicos.
La acción fue interpuesta en noviembre del 2011 por César Hines Céspedes en representación de los exfuncionarios públicos José Joaquín Acuña Mesén y Salvador Orozco Trejos.
La norma impugnaba es el artículo 72 de la Ley Orgánica de la CGR, alegando que con ello se violentan los derechos humanos de los funcionarios.
“De acuerdo con la Sala Constitucional, ese artículo de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República es conforme con la Constitución, asimismo no se estimó que violente el artículo 23, párrafo 2.º de la Convención Americana” de Derechos Humanos, dice un comunicado hecho público ayer por la Sala Constitucional.
El criterio de los magistrados, en voto de mayoría, es que las resoluciones administrativas pueden ser impugnadas y discutidas ante la jurisdicción contencioso-administrativa, en que sí media sentencia de un juez que determine si lo actuado debe sancionarse o no.
De los integrantes de la Sala IV, solamente Gilbert Armijo sí declaró con lugar la acción de inconstitucionalidad y adujo que se puede aplicar la sentencia de la Corte Interamericana.
La acción intentó sustentarse en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso del funcionario venezolano Leopoldo López contra una resolución de su Gobierno.
El argumento es que un proceso administrativo no puede establecer la inhabilitación de funcionarios públicos, sino solamente una resolución tomada por un juez.
En el caso de Acuña, era director del Instituto de Desarrollo Rural (Inder, antiguo IDA), y Trejos fungía como auditor de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).
La Contraloría tenía detenidos más de 40 procesos administrativos a raíz de la acción de inconstitucionalidad, admitida para estudio de los magistrados en abril de 2012.
Entre esos procesos está el que inhabilitó a los exministros de Ambiente Roberto Dobles y Jorge Rodríguez para ejercer cargos públicos por dos años, por no ejecutar el desalojo del Hotel Las Palmas, del empresario Jan Kalina.