“Dos conocidas y antiguas razones siguen empañando las relaciones entre Costa Rica y Nicaragua. Una es la controversia por el río San Juan, que está ahora en las manos de la Corte Internacional de Justicia. La otra es la continua migración de nicaraguenses a Costa Rica, los que pueden sumar 500.000, casi la mitad probablemente ilegales”.
Así explica el embajador de Estados Unidos Mark Langdale la situación entre los dos pueblos vecinos en un cable diplomático del 24 de setiembre del 2007, obtenido por WikiLeaks.
Las palabras de Langdale se repiten una y otra vez en las voces de varios diplomáticos estadounidenses en 15 misivas diplomáticas que van desde agosto del 2005 hasta setiembre del 2009 a las que La Nación obtuvo acceso y libera hoy en su sitio web.
La correspondencia diplomática recoge el inicio del actual conflicto sobre el que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) se pronunciará mañana: “Costa Rica y Nicaragua siguen enfrascadas en una vieja disputa por la administración del río San Juan, pese al fallo de la CIJ del 13 de julio (2009) para finiquitar el asunto. Aunque ambos países afirman que aceptan el fallo, el 25 de agosto el gobierno nicaraguense anunció planes para empezar a dragar el San Juan con el fin de aumentar el flujo de agua”, dice una nota del 18 de setiembre del 2009.
“Al Gobierno de Costa Rica le preocupa que el dragado del San Juan, que fue expresamente prohibido en el fallo de la CIJ, cause daño ambiental en el río Colorado de Costa Rica, cuyas aguas vienen del San Juan.
“La persona clave del Gobierno costarricense en la disputa del río San Juan, Arnoldo Brenes, nos dijo que el Gobierno nicaraguense ya tiene $4 millones destinados al proyecto de dragado, que se planea empezar en octubre (un mes después de la fecha de inicio anunciada para setiembre)”, detalla el cable.
Como si fuera un presagio, el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en San José, Peter M. Brennan agrega al final de la misiva: “Aunque hay esperanza de que el fallo de la CIJ haya puesto a descansar la disputa sobre el río San Juan, está claro que los problemas fronterizos entre los dos vecinos continuarán siendo un punto de disputa”.
Primer juicio. Los cables narran el penúltimo conflicto, originado el 15 de julio de 1998, cuando el ejército nicaraguense empezó a impedir la movilización de policías costarricenses armados por el río. La tregua de tres años firmada en el gobierno de Abel Pacheco, el intento de solucionar el problema en un arbitraje, la decisión de llevar el conflicto ante la CIJ, en La Haya, Holanda y la resolución de la corte.
Las misivas también agregan un nuevo ingrediente a las tensas relaciones entre ambas naciones cuando dos viejos gobernantes de los años 80, Daniel Ortega y Óscar Arias, se vuelven a encontrar en la presidencia de sus respectivos países.
Las misivas diplomáticas narran los intentos del canciller Roberto Tovar por encontrarle una solución al conflicto sobre la navegación del río San Juan a través del arbitraje y no en la CIJ.
“Tovar pidió que el gobierno estadounidense use su influencia en el gobierno nicaraguense para ayudar a convencerlo de lo prudente de una resolución arbitrada para el asunto”, dice un cable del 4 de agosto del 2005.
Consultado por La Nación, Tovar admitió haber pedido la ayuda de Estados Unidos en esta materia y su intento, fallido, de llevar el asunto a un arbitraje.
Desde el punto de vista del encargado de negocios de la Embajada, Rusell Frisbie, el gobierno costarricense estaba desesperado por encontrarle fin al conflicto. “Para los costarricenses, la disputa es más por cubrir apariencias que por cualquier consideración práctica. De hecho, Tovar nos ha dicho que a él ni siquiera le importa mucho si el árbitro falla a favor o en contra de Costa Rica, en el tanto en que el asunto termine. La gran virtud que ve en el arbitraje es que no se puede acusar al gobierno costarricense ni al nicaraguense de ceder territorio o derechos de sus ciudadanos; en vez de eso, la parte perdedora puede culpar al árbitro”, dijo Frisbie en una nota del 12 de setiembre del 2005.
Tovar calificó esas apreciaciones como absurdas. “La mejor prueba de que es absurdo es que presentamos el juicio y lo ganamos. El pobre hombre no sabe lo que decía”, dijo el excanciller.
Las misivas también narran la amenaza nicaraguense de imponer un impuesto del 35% a todas las exportaciones costarricenses si se presentaba el caso en la CIJ y una reunión “no pública” el 27 de setiembre del 2005 entre Tovar y el canciller nicaraguense Norman Caldera, donde, según contó Tovar, Caldera hizo un intento por persuadirlo para que no presentara el caso en la CIJ. No obstante, Tovar siguió adelante y presentó el caso al día siguiente.