El IV Censo Nacional Cooperativo, dado a conocer recientemente por el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop), arroja importantes luces sobre el desarrollo del movimiento y los retos que afronta ese importante sector, con miras al desarrollo económico y social del país.
La información más relevante del censo es que el movimiento cooperativo ha crecido y se ha diversificado significativamente. Actualmente constituye un factor importante en la generación de empleo, producción y servicios. Pero ese desarrollo también va acompañado de retos importantes, uno de los cuales preocupa mucho: la baja contribución a las arcas del Estado, alejada del principio de la capacidad de pago aplicable a otros contribuyentes ubicados en igualdad de condiciones.
Para Martín Robles, director ejecutivo del Infocoop, la actividad cooperativista ha crecido y se ha diversificado en la misma forma en que lo ha hecho el país. En eso tiene razón. Tanto el país como las cooperativas han dado prioridad a las exportaciones agrícolas (café y productos lácteos, entre otros) y la generación de servicios (finanzas, ahorro y crédito, y comercio), donde ha habido un crecimiento proporcionalmente más alto que otros sectores o subsectores de la economía.
Las cifras son elocuentes: las cooperativas generan 21.632 empleos directos, producen el 37% del café, aportan $274 millones a las exportaciones, producen 418.000 litros de leche, atiende a 400.000 personas en servicios de salud, varios millones de personas utilizan anualmente los servicios de transporte cooperativo, hay miles de puntos de venta al público para consumo, registran el 14% de las utilidades del sector financiero regulado y una de cada nueve cooperativas maneja más de 10.000 millones de colones. También destinan 10.113 millones de colones a donaciones, donde se han visto beneficiadas 261.161 personas. Eso da una idea de su pujanza económica y social.
Pero el crecimiento ha sido desigual. Mientras las cooperativas de ahorro y crédito y seguros han crecido con dinamismo, tanto en operaciones como en activos y patrimonio, las de carácter agrícola han venido disminuyendo en casi todo. El patrimonio de las primeras es de 290.179 millones de colones. En cambio, el de las agrícolas y ganaderas fue de apenas 23.000 millones de colones. Esa tendencia no solo es consistente con lo experimentado en la economía como un todo, sino que, probablemente, irá en aumento. Eso nos lleva a plantear los retos importantes de las cooperativas y del país frente a ellas.
Las entidades de cooperación, sobre todo las pequeñas, afrontan retos similares a los encarados cotidianamente por las pequeñas y medianas empresas comerciales, industriales y agrícolas: insuficiente desarrollo tecnológico, incluyendo carencias en áreas de computación e Internet, contabilidad, finanzas y mercadeo, y un buen número de ellas se encuentran endeudadas con los bancos y el Infocoop. Sin embargo, no ha trascendido que ese endeudamiento sea grave ni, mucho menos, esté al punto de ponerlas en estado de insolvencia. En cuanto a las carencias de carácter tecnológico y otras, el propio Infocoop viene realizando una labor de capacitación efectiva.
El principal problema, sin embargo, se centra en la migración del movimiento cooperativo hacia campos tradicionalmente comerciales y de servicios atendidos por personas con actividades de carácter lucrativo y empresas mercantiles convencionales, que sí pagan impuestos sobre la renta.
El artículo 3, inciso d) de la Ley del Impuesto sobre la Renta exime a las cooperativas del pago de gravámenes sobre sus utilidades, lo cual plantea un doble problema. Por una parte, les confiere una situación de ventaja competitiva frente a quienes sí tributan en una especie de competencia desleal, en igualdad de condiciones y, en segundo lugar, minan la base impositiva de la ley y privan al fisco de una fuente importante de ingresos, muy necesarios en las circunstancias actuales.
¿Por qué eximir a las cooperativas de la contribución obligatoria sobre sus excedentes o ingresos netos al igual que del pago de otros impuestos? En realidad, no se justifica. Si no obtuvieran utilidades netas, o registraran pérdidas, no se les exigiría el sacrifico fiscal, como a todos. Pero son entidades con actividades comerciales que operan en un mundo competitivo, con libertad de precios, como muchas otras. Reciben, además, beneficios directos e indirectos, y otros servicios del Estado, incluyendo protección y seguridad, tanto las cooperativas en sí como sus afiliados. Y ninguna de ellas dejaría de existir si pagara impuestos.
Esta distorsión tributaria y competitiva debería ser tomada en consideración en la próxima reforma tributaria. Así, la contribución de las cooperativas al desarrollo económico y social del país sería mucho más completa y significativa.