San José (Redacción). Una auditoría realizada por la Contraloría General de la República halló un déficit actuarial de ¢4 billones en el Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial, lo que exige acciones “urgentes” para que dicho régimen no colapse.
El estudio lo hizo el Área de Servicios Económicos para el Desarrollo del ente contralor, el cual también señala que los magistrados, como máximos jerarcas de la Corte Suprema de Justicia y del Fondo, no han hecho caso de las advertencias y recomendaciones señaladas años atrás por la Auditoría Interna del Poder Judicial y por la Superintendencia de Pensiones (Supen).
En agosto anterior este diario informó de que una serie de privilegios tenían en riesgo la estabilidad financiera del sistema de pensiones para los empleados judiciales, entre esos están el retiro con una pensión igual a los últimos 24 salarios y que no hay tope máximo para ese monto.
Esa información fue extraída de un estudio actuarial que la propia Corte contrató a la firma argentina Melinsky, Pellegrinelli y Asociados.
Actualmente los funcionarios de la Corte cotizan cerca del 21,16% de su salario. La empresa consultora calculó, en aquella ocasión, que para mantener el Fondo con los privilegios actuales los trabajadores deberían estar cotizando el 96% de su salario.
En su informe, la Contraloría recomienda un proyecto de ley que ponga límite a ese tope, entre otras acciones.