Reforma a ley de armas perdió fuerza en el Congreso

Ninguna de las dos iniciativas planteadas este año avanza y una más se archivó

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Las propuestas para reformar la Ley de Armas y Explosivos se encuentran estancadas en la Asamblea Legislativa.

La iniciativa más reciente la presentó el exministro de Seguridad, José María Tijerino, el 4 de abril, poco antes de dejar el cargo.

Sin embargo, aún no se ha remitido a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico para su estudio.

Igual suerte corrió la reforma integral planteada el 3 de febrero por los diputados del Movimiento Libertario.

Además, en el 2007, la fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC) y la administración Arias presentaron un texto sustitutivo a partir de un consenso logrado para unificar las propuestas de ambos.

Sin embargo, la Comisión de Seguridad y Narcotráfico lo votó en contra el pasado 28 de abril.

El legislador verdiblanco Óscar Alfaro informó de que era necesario hacer una reforma integral, por lo que se archivó “para dar paso a una nueva iniciativa”.

Pese a ello, el jefe de la bancada oficialista, Luis Gerardo Villanueva, señaló: “Nosotros, como fracción, seguimos apoyando la tesis del gobierno de Arias”.

Villanueva planea que el actual ministro de Seguridad, Mario Zamora, haga una visita a la fracción el lunes 13 de junio para conversar sobre cuáles proyectos quiere impulsar el Ejecutivo este año.

No obstante, Mario Zamora confirmó que la mandataria, Laura Chinchilla, ni siquiera le ha puntualizado cuáles serán los proyectos prioritarios y que por ahora solo están estudiando las propuestas que hay.

Posiciones adversas. El cambio fundamental que introduce el proyecto de los libertarios es que la adquisición y portación de armas sea un derecho de la ciudadanía para hacer frente a la criminalidad.

Por su parte, Zamora y Villanueva se inclinan por un punto medio entre la restricción estatal y la necesidad de portar armas de fuego.

Carmen Muñoz, diputada del PAC, aboga por una cultura de paz y porque la tenencia de armas siga siendo una prerrogativa estatal.