Existen numerosas irregularidades en el proyecto de la refinería a ejecutarse por Soresco (Sociedad Refinadora Sino-Costarricense), firma conformada por Recope y la China National Petroleum Company (CNPC). Pero quiero referirme únicamente a los serios conflictos de interés que se han manifestado en varias etapas.
Para hacer el estudio de factibilidad que determinara si el proyecto era rentable y si debía llevarse a cabo, se contrató a Huanqiu Contracting & Engineering Corp (HQCEC), la cual es propiedad en un 100% de CNPC. En el establecimiento de Soresco se había establecido que los estudios de factibilidad los hiciera una empresa ajena a las partes, es decir, independiente de Recope y de CNPC. Por lo demás, la lógica más elemental y la más mínima inteligencia, bastarían para comprender que Recope estaría ante una enorme desventaja ante su socio CNPC si este tenía control sobre el estudio de factibilidad.
Pero “extrañamente” ese estudio de factibilidad fue aceptado tanto por Recope como por el Consejo de Gobierno, presidido por doña Laura Chinchilla. Todo ello ante el silencio de la Contraloría General de la República, la cual más bien autorizó aportes adicionales de Recope a Soresco.
Sin embargo, la historia apenas comienza ahí. Ante denuncias de algunas personas honestas que han estado vinculadas a Recope, se obligó a contratar a otra consultora para que analizara el estudio de factibilidad elaborado por HQCEC. Fue escogida la empresa de Estados Unidos Honeywell, la cual determinó que en el estudio de HQCEC las bases técnicas fundamentales del proyecto eran muy defectuosas y que la inversión había sido sobreestimada en al menos un 20%. Por esto ni siquiera pudo revisar las tasas de rentabilidad calculadas por esa consultora subsidiaria de CNPC, y, ante modelos errados, mucho menos pudo hacer nuevos estimados de rentabilidad.
Ante los hallazgos de Honeywell, Soresco fue obligada a contratar otra firma consultora para revisar el estudio de factibilidad (¡lo cual no fue óbice para recibir, aprobar y pagar el primero con recursos públicos!).
Para ello, con el beneplácito de Recope, se escogió a la consultora australiana WorleyParsons Ltd. Esta revisión de la factibilidad fue el elemento crítico para que se decidiera seguir adelante con el proyecto de la Refinería, a esta altura ya valorado en $1.500 millones.
Sin embargo, existen dos razones sumamente graves para afirmar que ese estudio tampoco debió ser aceptado. Por una parte, el encargado de revisar la rentabilidad no fue WorleyParsons Ltd sino el Consorcio WorleyParsons/CEI, una empresa conjunta de la empresa australiana con la China Petroleum Engineering & Construction Corp. East-China Design Branch (CEI), subsidiaria de la CNPC, la socia de Recope en Soresco.
Por la otra, el contrato con el Consorcio WorleyParsons/CEI para que corrigiese el estudio de factibilidad contempla, que si de acuerdo con sus análisis se decide proseguir con el proyecto, ese Consorcio queda contratado por más de $60 millones para ejecutar otros trabajos para Soresco.
O sea, en este último capítulo ya no se trata de un único conflicto de interés si no de dos. El primero, por la relación empresarial subsidiaria entre la CNPC y el Consorcio WorleyParsons/CEI, el cual ha realizado los ajustes del estudio de factibilidad. El segundo, porque ese consorcio tiene un interés directo en que el proyecto se lleve a cabo, pues así se garantiza ventas de servicios por $60 millones.
Y, ¡sorpresa!, ¡sorpresa!, el Consorcio ha encontrado que el proyecto es factible y debe ejecutarse.
Y, ¡sorpresa!: el Consejo de Gobierno –con poder total sobre Recope– a esta fecha no ha objetado ese ajuste del estudio de factibilidad ni lo ha invalidado como herramienta para dar el go-ahead al proyecto y someterlo al refrendo del ente contralor (por cierto, hasta la fecha, sin haberse refrendado el contrato, Recope ha gastado más de $20 millones de fondos públicos –¡el equivalente a 1.500 bonos de vivienda!).
Dado lo aquí descrito, nos preguntamos: ¿es que hay compromisos ocultos inmorales con China adquiridos por el Gobierno anterior que obligan a que este proyecto se lleve a cabo en los términos en que lo decida China por más abusivos que sean para Costa Rica? O ¿es que la estupidezrige los destinos del país?
Espero que la Contraloría no se acomode a los deseos del Gobierno (y de las autoridades de Recope) si el proyecto se somete a su consideración, tal y como lo hizo cuando aprobó aportes de capital adicionales a los requeridos por el estudio de factibilidad original, a pesar del conflicto de interés resultante del vínculo de propiedad entre CNPC y HQCEC y de las advertencias de Honeywell.
Lo que procede es que el Consejo de Gobierno rechace el proyecto y, en caso contrario, que la Contraloría no lo refrende. Los sucesivos conflictos de interés descritos arriba y otras anomalías, han “enfermado” el proyecto. Lo que procede más bien es que la Contraloría denuncie al Gobierno y a Recope por sus reiteradas muestras de ineptitud para cuidar los recursos públicos... o por razones aun peores.