El Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) impulsa dos proyectos de ley para perdonar deudas por créditos hipotecarios a agricultores de escasos recursos económicos.
Si ambos proyectos se aprobaran, el monto total por condonar rondará los ¢5.000 millones.
El primero de los textos pretende perdonar compromisos adquiridos con el programa de Caja Agraria del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA).
La Caja Agraria del IDA funciona desde 1982 y otorga créditos hipotecarios a campesinos de escasos recursos para impulsar la agricultura.
A pesar de mantener bajos los intereses, en el IDA cuentan con altos índices de morosidad en créditos por montos diversos.
“La morosidad se origina en situaciones límite que impiden el pago. No es por voluntad de no pagar”, comentó Rolando González, presidente ejecutivo del IDA.
Con el proyecto que propone el diputado Wálter Céspedes se pretende condonar el 50% de la deuda principal, intereses, las multas y los seguros a los beneficiarios de la Caja Agraria que así lo soliciten.
Ante la propuesta, González manifestó tener buena disposición. Según indicó, a pesar de significar un menor ingreso de dinero para el IDA, sería mayor el gasto en procesos por cobros judiciales.
Además, González aseguró que, de condonarse las deudas, se incrementaría la eficiencia en la atención de los créditos rurales o de los otorgados más recientemente, que son por cantidades mayores.
“Nos permite sanear la cartera morosa y librarnos de un lastre para su activación empresarial”, comentó González, quien además detalló que la Caja Agraria realizó cerca de 1.600 operaciones y que la suma total por condonar es cercana a los ¢1.000 millones.
Sin embargo, las estimaciones que dio Céspedes son distintas: él señaló que el monto total por condonar sería aproximado a los ¢2.500 millones y se beneficiaría a cerca de 500 familias.
También en el INVU. El PUSC impulsa, además, un proyecto de ley con el cual se pretende condonar ¢2.361 millones de colones en deudas adquiridas por beneficiarios del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU).
La propuesta establece que el INVU, con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), otorgó terrenos con casa a distintas familias de escasos recursos económicos, quienes debían pagar en cuotas parte del préstamo, en un plazo de 20 años.
Según informó Céspedes, varias familias han sido desalojadas de estas viviendas por falta de pago.
“El INVU está desalojando a todas aquellas familias que están atrasadas y que no pudieron cancelar las cuotas de este préstamo", dijo Céspedes.
Las personas beneficiarias de este programa de lotes son vecinas de Pacuare (Limón); Nandayure y Curime (Guanacaste), El Clavel (Pérez Zeledón), y Río Nuevo (Corredores, Puntarenas).