El Hospital Nacional Psiquiátrico acondicionará un edificio industrial en La Uruca, San José, para ofrecer tratamiento a pacientes que tienen alguna medida de prevención o de seguridad.
Así lo aseguró el médico Álvaro Hernández, quien actualmente coordina el proyecto y aspira a tener habilitado el centro hospitalario en abril del 2011.
Para pagar el alquiler, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) tendrá que desembolsar $30.000 (¢15,3 millones) mensuales durante un período mínimo de cuatro años.
“El proceso ya está bastante adelantado: el proveedor está de acuerdo con las condiciones, la Caja aprobó alquiler y se está trabajando para que, en un plazo de cuatro meses, se pueda firmar el contrato y habilitar el nuevo centro”, manifestó Hernández.
La remodelación y adaptación de la nave demandará una inversión de alrededor de $100.000 (¢51 millones), que correrán por cuenta del proveedor, según las condiciones negociadas con el dueño del edificio, un empresario chino.
Al principio, el hospital recibiría entre 50 y 60 pacientes, entre hombres y mujeres, con la meta de llegar a tener una capacidad para 100 personas.
Imposición. El alquiler del edificio responde a dos fallos de la Sala Constitucional que exigieron a la CCSS separar privados de libertad enfermos mentales del resto de la población. Además, ordenaron la construcción de un centro psiquiátrico penitenciario.
Hernández aclaró que los pacientes con medidas de seguridad ya fueron separados de los demás, mientras se realizan los trámites y se prepara el edificio nuevo.
Sin embargo, alegó que el Ministerio de Justicia no está cumpliendo con su función de aportar los agentes de seguridad requeridos.
“Nosotros hemos enviado tres cartas pidiendo cuatro custodios para estas áreas y le pedimos que fueran preparando el grupo de policías que va a cuidar el centro, pero no han dado ninguna respuesta. Si sigue, así vamos a tener que plantearle una denuncia por incumplimiento”, manifestó.
Consultado al respecto, el Ministro de Justicia, Hernando París, explicó que las personas sujetas a medidas de seguridad no se encuentran bajo custodia de la Dirección General de Adaptación Social (DGAS) del Ministerio de Justicia.
Por esa razón, argumentó, no le compete proveer los custodios.
“La Dirección y la Policía penitenciaria tienen a su cargo la población privada de libertad, situación muy diferente de quienes son acusados de cometer un delito, pero considerados inimputables (que no se les puede responsabilizar de un delito)”, explicó.
París añadió que, en concordancia con el fallo de la Sala IV, el Ministerio de Justicia está preparado para dar vigilancia a las nuevas instalaciones, pero solo externa.
“Debe aclararse que la Policía penitenciaria no intervendrá directamente con esas personas, como sí lo hace con los privados de libertad”, enfatizó.
Según él, los policías no pueden sustituir a los médicos que tratan a los enfermos mentales.