El procurador de la Ética Ronald Víquez no comparte la fundamentación que hizo el Ministerio Público para pedir la desestimación a favor de Rodrigo Arias.
También considera que los fiscales estaban “un poco apurados” por resolver el caso.
¿Por qué la Procuraduría pidió a la Fiscalía que el asunto de las consultorías no se archive?
A nuestro parecer, la investigación todavía tiene unos cabos sueltos. En el caso de la solicitud de desestimación que hace el Ministerio Público, nosotros la vemos, yo la leo, la reviso, la analizo y me parece que no procede una resolución definitiva en este momento. Hay sospecha de que muchas de las contrataciones que se hicieron eran para funciones duplicadas, o que había funcionarios en la Casa Presidencial que hacían lo mismo.
“El OIJ dijo que no tiene el personal suficiente para determinar si esa duplicidad se da. Entonces, estamos instando al Ministerio Público a que siga investigando. Si el OIJ no tiene esos técnicos, entonces que recurran a otros. La ley permite eso y puede ser incluso gente de la UCR o alguna otra institución. Además, pedimos que se recurra al BCIE, que se insista para que aporten toda la documentación. El Banco alega que sus documentos son privados y no tienen la obligación de darlos. Creo que, si Costa Rica es un miembro, puede insistir en que esa documentación se presente”.
Y ¿esta solicitud al BCIE está en manos del Poder Ejecutivo?
Me parece que es un asunto más del Poder Ejecutivo.
¿Usted ve indicios de algún delito en esta causa?
Están determinadas, según la prueba que ha sido aportada a los autos, que hay irregularidades en algunas contrataciones. Ahora, esas irregularidades solo se pueden tener absolutamente acreditadas o no, si se tuviesen todos los documentos. La prueba que se mandó del Banco está incompleta. Entonces, usted dice: “Qué raro, aquí falta información de cómo se contrató y para qué se contrató. ¿Dónde está el documento?”. La prueba actual no es absolutamente concluyente, pero, si se logran determinar incongruencias en los objetivos de las contrataciones y en la forma en que las contrataciones fueron dadas, esas irregularidades llegan a ser delincuenciales. Lo que hay es un estado de duda que debe ser erradicado con la prueba que, según nosotros insistimos, se debe evacuar.
Y ¿ahora todo queda sujeto a lo que decida el Ministerio Público?
Exactamente. Ellos verán si coinciden conmigo, si deciden evacuar la prueba. Ellos son los que tiene el monopolio de la acción penal.
¿El Ministerio Público tiene un plazo para resolver esto?
Yo no sé. A mí me parece que estaban un poco apurados porque me tomó por sorpresa la solicitud (de desestimación).
¿Por qué lo tomó por sorpresa?
Porque todavía estábamos conociendo la última ampliación del dictamen del OIJ que yo había solicitado, todavía estábamos en tiempo y llegó la solicitud. Y dice uno: “Bueno, ¿qué pasó aquí?”.
¿Ve algún comportamiento anormal del Ministerio Público en cuanto a esta causa?
No, no, no. Solo me sorprendió. El Ministerio Público hizo una fundamentación muy extensa, pero no la compartimos. Así que en este escrito decantamos los verdaderos alcances de los dictámenes de la Procuraduría, y les digo que con estos dictámenes se puede pedir responsabilidades penales, pero obviamente falta prueba.
¿Responsabilidad penal contra don Rodrigo?
Contra quien sea, esto no es un asunto personal. Con los hechos claros, usted puede analizar si hay participación de personas.