Pequeños productores de piña ya comenzaron a perder sus tierras en la zona norte del país, pues los bancos iniciaron la ejecución de las garantías ante el atraso en el pago de los préstamos.
La situación afecta a las comunidades de Pital, Upala, Guatuso (Alajuela) y algunos casos en el Caribe, cercanos a Siquirres.
Un estudio realizado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), caso por caso, indica que hay 350 operaciones piñeras, de las cuales 200 están más o menos al día, otras 100 presentan dificultades y unas 50 ya prácticamente no tienen salvación.
Algunos de esos piñeros ya perdieron tierras, otros debieron vender parte de sus fincas para pagar deudas; en unos casos se consiguieron préstamos, pero varios están en dificultades.
Erick Quirós, director superior de Operaciones Regionales del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), explicó que el problema es muy complejo y se han mezclado una serie de elementos que complican el escenario.
Los productores no hicieron reserva cuando el mercado y los precios estaban bien; luego vino la sobreproducción, hubo problemas de comercialización y las empresas locales compraron menos y ahora enfrentan fuertes deudas.
El MAG busca una salida al problema desde el 2011, cuando se presentaron los primeros casos en la zona de Pital de San Carlos, bajo la dirección de Quirós.
Muchos de esos casos están ligados de alguna manera a la fundación Programa Agroindustrial de la Zona Norte (Proagroín). Los productores, o tuvieron contratos de venta con esa fundación o préstamos algunos de ellos.
Otros son productores que por su cuenta solicitaron crédito a los bancos en diferentes momentos.
Jorge Sánchez, gerente de Proagroín, negó que los problemas sean causados por esa organización y dijo que, al contrario, han sostenido cobros judiciales y buscan arreglos con los deudores.
El Banco Popular, el cual tiene la mayoría de esos préstamos, respondió en un correo electrónico: “El Banco Popular se encuentra en estos momentos generando, tanto a lo interno como con algunos aliados estratégicos del sector agropecuario, alternativas para buscarle una solución a la situación que enfrentan estos productores”.
Responsabilidades. Quirós aseveró que en este problema hay responsabilidad tanto de los productores como de Proagroín.
La fundación, agregó, no logró cerrar círculos, como tener un programa de compras conjuntas para todos los productores afiliados, a fin de reducir costos. Además, perdió algunos de los contratos para comercialización de la piña y permitió que contratos de compra se usaran como soporte para conseguir crédito bancario.
Los productores, dijo Quirós, disfrutaron de una época de muy buenos ingresos, en los primeros tres cuartos de la década pasada (2000 a 2007), pero no guardaron para paliar una crisis.
En esos tiempos, continuó Quirós, adquirieron bienes que nunca antes tuvieron y se endeudaron más para ampliar sus actividades y terrenos. Además, algunos dejaron de entregar la fruta a Proagroín, cuando los precios estaban altos, pues les pagaban más por fuera. Él advirtió de que en este caso no habrá condonaciones de deuda.