La Procuraduría General de la República propuso ayer endurecer las penas en la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito, a fin de frenar los actos indebidos en la función pública.
Así lo hizo durante el Taller Nacional sobre la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción en el país.
El encuentro fue organizado por la Procuraduría y la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Además, participaron los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, así como la empresa privada y los colegios profesionales.
Una de las recomendaciones planteadas por los participantes fue la creación de un Código de Ética para el sector público. También se propuso sancionar a funcionarios públicos que participen en una licitación y que luego vayan a trabajar con la firma adjudicada.
“El implementar sanciones es la forma más efectiva de prevenir cuando se sanciona a una persona que incurre en esas conductas y así estas personas tienen presente las consecuencias a las que se podrían enfrentar”, aseveró Emilia Navas, fiscala adjunta del Segundo Circuito Judicial de San José.
El tema de protección del denunciante también ocupó a los expertos. Al final, hicieron un llamado a legislar para proteger a la persona que denuncie, a los testigos y a peritos que participen en investigaciones administrativas.
“Este punto es importante para que así las personas se animen a denunciar. Este es un paso para promover la denuncia, el tema de la corrupción no se puede ver de manera aislada”, mencionó Osvaldo Henderson, fiscal adjunto contra el Crimen organizado.