El procurador penal, Juan José Soto, confirmó ayer, en un comunicado de prensa, que la deuda que La Nación tenía con el Ministerio de Hacienda por pago de impuesto, y que data del año 2001, está saldada.
“He examinado diversas propuestas relacionadas con el aspecto restitutorio y coincido con la idea de que la obligación principal está saldada; esto ha sido siempre puesto en conocimiento de partes y fiscales y de mis superiores”, dice el comunicado que distribuyó.
El conflicto con la Administración Tributaria se relaciona con una venta y arriendo de prensas de impresión (rotativas) que La Nación hizo a una empresa en Belice.
Soto declinó ahondar en los detalles del pago de la deuda. “Me ciño a lo que está en el documento. Cualquier otra manifestación es secreta y privada. He examinado el punto y lo único que puedo decir es lo que está en el documento”.
Soto habló con los medios en las afueras de la Procuraduría Penal, en San José para responder críticas publicadas ayer en Diario Extra, en las cuales se cuestiona que el caso de La Nación no haya sido elevado a juicio si la Procuraduría lo tramita desde el año 2005.
Cuando se le consultó si el proceso ha llevado o no mucho tiempo, respondió que no puede decir si ha sido lento o rápido porque la Procuraduría es la representante del Estado y depende siempre de la voluntad del Ministerio Público.
“Como procurador no puedo sustituir la voluntad del Ministerio Público; este es un proceso penal tributario complejo; se tratan aspectos que tienen que ver con la voluntad financiera de sujetos de derecho privado”, recalcó.
Como reacción a lo dicho por el procurador, el representante de La Nación, Jorge Robert, dijo que en la etapa preliminar de investigación, la empresa estuvo anuente a dar declaraciones, pero ahora que es objeto de un proceso, “nuestros abogados recomendaron no volver a referirse al tema, por respeto a las autoridades que intervienen y para no interferir con la defensa”.
“Sin embargo, en vista de las declaraciones del Procurador Penal, no puedo dejar de celebrar que las aguas comiencen a tomar su nivel y se haya acreditado la verdad de lo que siempre hemos sostenido: los impuestos fueron pagados. Esperamos que esto abra un espacio para el diálogo con la Administración Tributaria”, dijo Robert.
Por su parte, el representante legal de La Nación, Carlos Tiffer, indicó que La Nación saldó la deuda desde el 21 de febrero del 2005 por un monto de ¢904 millones.
Agregó que en varias audiencias programadas para discutir sobre el tema, Soto ya había reconocido el pago hecho por La Nación.
Soto es uno de los aspirantes al cargo de subcontralor general de la República, cuya designación recae en la Asamblea Legislativa.
Ayer, consultado por periodistas si a raíz de este caso ha pensado en renunciar a su candidatura, afirmó: “Estoy convencido de que mi aspiración y ofrecimiento para servir a la patria es honrada y digna” y agregó que “si alguna persona cree que es por la prensa que se quitan y se dan votos, yo respondo que eso no es lo correcto”.