El Juzgado de Instrucción de Goicoechea dictó ayer un auto de procesamiento contra el viceministro de Seguridad Pública, Oscar Albán Chipsen Jiménez, a quien acusan del delito de privación agravada de libertad.
Figuran como afectados dos oficiales de la Policía de Tránsito con los cuales Chipsen protagonizó un incidente --el 26 de marzo anterior-- en la autopista Braulio Carrillo, cerca del estadio Ricardo Saprissa.
Se trata de Wálter Barrientos y Edwin Ureña, quienes reclaman desde ayer el pago de ¢50 millones por daños y perjuicios.
"De ese monto, ¢15 millones deberán ser cancelados por el Viceministro y el resto por el Estado...", afirmó ayer, a las 4:30 p.m., el abogado defensor de los oficiales, Allan Arburola, al ser consultado en un pasillo del edificio del Ministerio Público en San José.
La privación agravada de libertad es sancionada con una pena de dos a 10 años de prisión, según el artículo número 192 del Código Penal.
De acuerdo con pesquisas judiciales, basadas en el testimonio de los tráficos, Chipsen conducía un Toyota --placas CL-118190-- en compañía de un joven, cuando le solicitaron detenerse porque se desplazaba a 88 kilómetros por hora en un sector cuya velocidad máxima permitida es de 60 kilómetros.
"El señor se molestó mucho. Aunque le solicitamos su colaboración dijo que nadie le decía cómo manejar. Llamó por radio a Radiopatrullas para que nos detuvieran", relató Ureña, un día después de lo sucedido.
A los dos oficiales se les llevó, bajo custodia policial, hasta la sede central del Tránsito; según estima su abogado, fueron privados de libertad.
Ayer se intentó localizar al viceministro Chipsen, pero en Seguridad Pública informaron de que se encontraba disfrutando de sus vacaciones.
El 1º de abril anterior, este funcionario aceptó, en declaraciones hechas a distintos medios de prensa, haber acudido a efectivos de Seguridad Pública para que "custodiaran" a los oficiales del Tránsito.
Sin embargo, argumentó que adoptó esa medida porque había sido víctima de irrespeto.
Tampoco fue posible conocer ayer la posición de la titular de Seguridad, Laura Chinchilla, quien viajó a Nicaragua para reunirse con autoridades de ese país.