En un artículo reciente (La Nación, 14/01/12), Manuel Obregón, ministro de Cultura y Juventud, defiende la reforma a la Ley de Premios Nacionales y señala que algunas de las deficiencias del proyecto original, en particular la homologación de actividades dispares, han sido corregidas en la nueva versión de este. Asimismo, indica que el Ministerio a su cargo no tendría representación en los jurados, por lo cual los premios no serían influidos políticamente. Sin embargo, un análisis de los cambios propuestos evidencia que persisten graves problemas.
Reducción y agregación. Como lo señalé en un artículo anterior (La Nación, 10/01/12), la reforma a la Ley de Premios Nacionales procura enfrentar el problema de la pequeñez del medio cultural costarricense con dos estrategias complementarias: la reducción en el número de premios (12 en la nueva versión del proyecto) y la agregación de categorías premiables.
Pese a que tales categorías están más diferenciadas ahora, la nueva versión no especifica qué es lo que se premiará en cada una. Así, en un premio como el de Literatura, podrían competir no solo obras de características muy distintas (novela, cuento, poesía, dramaturgia, ¿ensayo?, ¿memorias?, ¿crónicas? ¿Historia?), sino que se abre la posibilidad de que a dicho premio aspiren por igual personas físicas, grupos u organizaciones. Esta ambiguedad también se presenta en el caso de los 6 premios restantes que se darían en el campo de las artes, y en los 3 que se otorgarían en los campos de la gestión, la promoción, la producción, la investigación y la comunicación cultural.
Llama profundamente la atención que, en todos estos premios, lo que se premia se conceptúe como una “propuesta” y no como una obra, énfasis que sugiere muy claramente que la actual reforma a la Ley de Premios Nacionales no fue elaborada en función de quienes crean, sino de quienes plantean, una diferencia que, como se verá más adelante, tiene una importancia fundamental.
Filtros y control. En la legislación vigente sobre Premios Nacionales, los jurados conceden el premio, en las distintas categorías artísticas, con base en una escogencia de las mejores obras dadas a conocer al público en el año anterior a la entrega de los galardones. En la nueva versión del proyecto de ley, el proceso cambia significativamente, ya que se estipula que serán personas físicas y organizaciones las que presentarán, ante la Dirección de Cultura, candidaturas justificadas en las distintas categorías de premiación.
Con base en los ambiguos criterios definidos en dicha versión, la Dirección de Cultura definirá cuáles candidaturas son viables, y únicamente estas son las que serán remitidas a los jurados para que, a su vez, elaboren una terna, de la cual se escogerá al ganador en cada categoría.
De esta manera, la reforma en curso reduce enormemente el poder de los jurados y aumenta, de modo desproporcionado, el de los funcionarios del Ministerio de Cultura. En efecto, estos últimos tendrán a su cargo una doble tarea: primero, la de aceptar o rechazar las candidaturas, y segundo, la de definir en qué categorías de premiación competirán las que fueron aceptadas.
En vista de la ambiguedad de criterios y del énfasis dado al planteamiento más que a la realización, cabe la posibilidad de que la Dirección de Cultura acepte candidaturas que consistan en propuestas más que en obras, como lo insinúa el hecho de que uno de los estímulos adicionales a que podrían optar los ganadores de los premios, ¡sería la publicación del material correspondiente por parte de la Editorial Costa Rica!
Ciertamente, como lo señala Obregón, con la reforma el Ministerio de Cultura y Juventud ya no tendrá representación en los jurados, pero su integración sería definida, de manera decisiva, por la Dirección de Cultura. Competería a esta instancia invitar a las entidades, públicas o privadas, que presentarían las ternas con base en las cuales se escogerían los jurados, cuya selección definitiva la haría esa Dirección. Además, los escogidos contraerían, entre otras obligaciones, la de no divulgar públicamente que son jurados y la de no dar declaraciones tras la entrega del dictamen.
Politización. Pese a que Obregón lo niega, parece claro que la reforma a la Ley de Premios Nacionales procura alcanzar dos objetivos principales: por un lado, incrementar el control del Ministerio de Cultura y Juventud, que sería el encargado de seleccionar las candidaturas viables, de definir las instancias que presentarían las ternas y de escoger a quienes se desempeñarían como jurados; y por otro, abrir un espacio, en los Premios Nacionales, para presentar propuestas, de una manera similar a como opera el programa de la Florida Ice & Farm Co.
El grado en el cual esta reforma podría conducir a una politización de los premios en una escala sin precedentes, es un tema que merece una discusión más amplia, al igual que el asunto de si el Ministerio de Cultura y Juventud dispone del suficiente personal calificado para realizar las nuevas tareas que se le encargan. Finalmente, convendría considerar en qué medida el sistema de presentación de candidaturas favorecería más a organizaciones e instituciones que a los creadores individuales, y sería más auspicioso para las propuestas que para las obras realizadas.