Hoy, al igual que hace poco más de cuatro meses, lamentablemente, tengo que referirme a un grupo de irresponsables porteadores o, mejor dicho desalmados bloqueadores de carreteras.
Una vez más, estas personas se convirtieron en amos y señores de un desmadre que rayó en la irresponsabilidad.
El cuento del “tortuguismo”, esgrimido hasta el cansancio en los días previos, no fue más que una cruel mampara para violar el derecho constitucional del libre tránsito.
Así, igual que en octubre pasado, estos señores dieron al traste con citas médicas, la puntual asistencia a los sitios de trabajo y centros de estudio.
Su actuar, merecedor de un monumento a la insensibilidad y la anarquía, contrastó grandemente, ¡y de qué manera!, con el gesto de la ministra de Salud, María Luisa Ávila.
En medio del caos, Ávila, quien se dirigía al Consejo de Gobierno, no dudó en bajarse de su auto y atender a un policía que minutos antes había sido atropellado por un misterioso chofer, que desapareció ayudado por el desorden vial.
Sin embargo, el pandemónium porteador llegó a su clímax cuando algunos desenfrenados atacaron a pedradas un vehículo particular, sacaron a la fuerza a su chofer y lo agredieron de manera vil.
En ese momento, la Fuerza Pública, advertida 24 horas antes de los posibles desmanes y que permanecía “vigilante”, optó por romper el bloqueo y restituir el derecho constitucional del libre tránsito.
¿Por qué habrá que esperar a que la sangre llegue al río para actuar? Si se tiene información previa y antecedentes de comportamientos irracionales, nuestras autoridades no pueden permanecer impávidas a la espera de que a alguien se le escape un tiro o una pedrada.
¿Qué debe primar, el derecho de la colectividad a llegar temprano a sus trabajos y citas médicas, o el deseo de unos cabezas calientes de hacerse sentir por la fuerza?
Los porteadores y cualquier otro costarricense honesto y responsable tienen todo el derecho de ganarse el sustento diario. Pero la violencia no es el mejor camino para alcanzarlo.
Los porteadores y sus dirigentes tienen en el Congreso aliados y grandes posibilidades para ser escuchados en su afán por modificar la ley que regula el porteo. En el diálogo, y no en las calles, está la llave.