Los datos generados por la nueva Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) ofrecen información actualizada sobre un desafío que el país no ha logrado conjurar en las últimas tres décadas. La pobreza, entendida como la insuficiencia de ingresos que no les permite a las familias satisfacer plenamente un conjunto de necesidades básicas, afecta a 21,3% de los hogares, lo que representa poco más de 24% de la población del país, es decir, más de 1.100.000 personas.
El dato más alarmante es que 6,8% de la población se encuentra en situación de extrema pobreza o indigencia, es decir, en una condición de ingreso tan precaria que no alcanza para satisfacer las necesidades de alimentación. La indigencia es hambre y en nuestro país la padecen más de 311.000 personas. La erradicación del hambre como amenaza cotidiana no admite dilación alguna porque es moral y económicamente inaceptable.
Los datos muestran que la situación de la pobreza tiende a la estabilidad en términos relativos, es decir, el porcentaje se mantiene más o menos invariable a lo largo de un extenso período. Eso no debe encubrir el hecho de que, merced al crecimiento de la población, el mismo porcentaje de población en condición de pobreza en el año 2001 y en el 2010, significa que en ese período ha aumentado en aproximadamente 376.000 el número de personas que padecen la pobreza.
La buena noticia es que, a diferencia de lo acontecido en 1991 cuando la pobreza se disparó a casi el 32% de las familias, en el 2010 los efectos de la crisis económica internacional que afectó al país en mayor medida que otras economías de las región latinoamericana, debido a la mayor articulación a la economía de los EE. UU., no se tradujeron en una expansión mayor de la proporción de población con ingresos inferiores a la línea de pobreza.
Paradojas. Parece paradójico, por otra parte, que aún cuando disminuyó el desempleo en el período, ello no se tradujera en disminución proporcional de los niveles de pobreza. La razón hay que buscarla tanto en la cantidad como en la calidad del trabajo disponible para la población. El desempleo solamente da cuenta del grupo de personas que buscaron trabajo sin éxito en las cuatro semanas previas a la encuesta. Pero es muy relevante el hecho de que solamente 77% de los hombres y 45% de las mujeres mayores de 15 años participan en el mercado laboral. Del grupo que no lo hace, una pequeña parte son personas en edad de retiro.
En este sentido es grave por diversas razones la baja participación de las mujeres en el mercado laboral. Puede decirse que de ellas cerca de la mitad no participa. Técnicamente se dice que están “inactivas”, pero en la realidad lo que ocurre es que están ocupadas en oficios domésticos y de cuidado, lo que constituye un trabajo de jornada extendida que no se computa económicamente, ni por lo que produce ni en términos de remuneración. Se estima “trabajo donado”.
Si se tiene en cuenta que los hogares no pobres tienen un promedio de ocupados por hogar de 1,6 personas y los pobres apenas 0,9 ocupados, se puede advertir la importancia de facilitar la mayor incorporación de las mujeres (especialmente la de los hogares en condición de pobreza) al mercado laboral, lo que requiere no solamente invertir en la oferta de capacidades de cuidado de menores y personas dependientes fuera del hogar, sino la distribución equitativa de las tareas domésticas lo que es en sí mismo un cambio cultural. De lo contrario, simplemente se multiplica la carga laboral de las mujeres en menoscabo de sus derechos y su calidad de vida.
Extender la participación en el mercado laboral es útil como mecanismo de superación de la pobreza si es que el dinamismo de la economía es capaz de generar empleos estables y de buena calidad. Esa es la otra explicación de la paradoja del aumento de la pobreza y la disminución del desempleo. Resulta que 9 de cada 100 hombres ocupados y 15 mujeres por cada 100, no logran trabajar una jornada semanal completa y según denuncia el propio Ministerio de Trabajo, comprometido con una campaña de fortalecimiento del empleo, alrededor de 40% de los asalariados no reciben la remuneración mínima correspondiente a su ocupación. Empleos de calidad, en número creciente y con estímulos especiales para la participación de las mujeres, que además deben devengar lo mismo que los hombres por el mismo trabajo (cosa que actualmente no ocurre) son tareas esenciales para la reducción de los niveles de pobreza en el futuro cercano.
Intervención específica. Es necesaria además la intervención específica para la erradicación de la pobreza extrema. En las regiones Brunca y Chorotega los niveles de indigencia duplican el promedio nacional.
Como se sabe, en este cometido es fundamental la intervención interinstitucional y descentralizada que asegure la asignación de prestaciones diversas para un fenómeno que es definido como un síndrome de privaciones, que no solamente se limita al ingreso.
A largo plazo, en condiciones positivas de crecimiento económico, con empleos que aumentan y discriminaciones sociales y territoriales que disminuyen, es necesario reconocer que la educación es con mucho un factor esencial en la inoculación contra la pobreza y la indigencia.
Los datos de la encuesta revelan que mientras el 20% de hogares de más bajo ingreso apenas presenta una escolaridad promedio de 6 años, el promedio en el 20% de los hogares más ricos, alcanza 12 años. De ahí, con claridad, la importancia de invertir todo los recursos posibles en la universalización efectiva de la educación secundaria. Queda demostrado, como tiempo atrás lo ha indicado el ministro Garnier, que el sexto grado, socialmente hablando, solo sirve para pasar al sétimo.