Tercio en este importante tema, que, a raíz de un editorial de La Nación, ha generado bienvenida polémica. De la tesis y la antítesis sacaremos la verdad. Lo hago como ciudadano alejado de la actividad política nacional, exviceministro de Planificación Nacional de Política y miembro de la Comisión de Reforma del Estado Costarricense, la llamada COREC I, que generó un documento público e impreso en 1990, que lamentablemente allí quedó. En esa comisión, tuve el honor de acompañar a don Wilburg Jiménez, a don Rodolfo Solano, de gratísima memoria, a Don Juan Manuel Villasuso, a don Carlos Vargas Pagán, a don Johnny Meoño, a don Mauro Murillo y a don Justo Aguilar Fong, apreciado amigo y distinguido pensador municipalista. Como explico a partir del siguiente párrafo, divergí de la corriente que imperó al respecto del tema que aquí nos ocupa.
Desde mis primeras reflexiones como estudiante, he creído que la democracia tiene que ir más allá de las elecciones. Implica su ejercicio pleno, el establecer formas de canalizar y concatenar la participación de los individuos como tales y como colectividad por la vía de la sociedad civil organizada en sus diferentes estamentos. Obviamente, el llamado Gobierno local tienta mucho como ancla de esta participación y está bien, siempre que el ejercicio ciudadano del derecho y deber que hace posible la práctica de una democracia integral genere resultados.
Para generar resultados, se hace necesario trasladar funciones del Gobierno central a los municipios; a esto, como bien sabemos, se le denomina descentralizar. Suena bonito, pero no es siempre eficiente y, si no es eficiente, en el largo plazo no será eficaz.
Descentralización selectiva. La realidad de un país como Costa Rica, de tamaño limitado y población relativamente concentrada, de desarrollo medio y limitada capacidad científica y tecnológica como para pretender niveles de productividad muy altos, hace imposible financiar una descentralización tan ambiciosa como algunos, posiblemente bien intencionados, la han sugerido. No es solamente un tema de disponibilidad de recursos financieros; es además de recursos materiales, tecnológicos y humanos; pero fundamentalmente, de economías de escala. El espíritu de mi recomendación como dictamen de minoría en la COREC I y así quedó consignado fue ser sumamente selectivo en cuanto a la descentralización. Agrego ahora hacerlo paulatina y prudentemente, así como el promover la desconcentración administrativa de las entidades del Gobierno central, para que los funcionarios a nivel local puedan decidir con presteza y se puedan aprovechar las dimensiones de escala del Gobierno central, críticas en un país chico como es Costa Rica. Mencioné también la necesidad de impulsar los consorcios municipales, lo que entiendo se ha hecho con algunas historias de éxito.
Paralelamente a lo expresado en el párrafo anterior, lo lógico pareciera ser el fomentar la participación ciudadana desde la base social hasta la cúpula del Poder Ejecutivo, por la vía de la estructura piramidal de Consejos de Desarrollo, que la Ley 5525 de planificación nacional y sus modificaciones promueven y que incluye, como nivel de gran importancia, al municipio. Claro está, para que sea funcional, para que los estamentos de la sociedad civil puedan influir en los presupuestos del sector público, debe darse un fortalecimiento del Sistema Nacional de Planificación, hoy en día muy golpeado por los años de influencia del llamado Consenso de Washington y por el paso de ser MIDEPLAN una oficina de la Presidencia de la República, OFIPLAN, cuando serví en ella, al ministerio que es ahora. Esto último es algo con lo que habrá que convivir.
No le tengamos miedo ni a la participación ciudadana en los temas de Estado, necesaria para que nuestra democracia evolucione hacia una dimensión superior, ni a la descentralización municipal. Pero hagamos las cosas con sensatez y con el equilibrio que promueva la eficiencia y la eficacia, la efectividad.
Tampoco le tengamos miedo a la planificación los creyentes en la economía de mercado, que somos hoy en día la gran mayoría; pero reconozcamos las limitaciones de esta para conducir al país con visión de largo plazo y sus tendencias oligo- y monopólicas; la planificación, de carácter estratégico por supuesto y participativa socialmente, es el complemento necesario para el buen funcionamiento del mercado.