Mientras la riqueza natural de Costa Rica es disfrutada a diario por cientos de visitantes y admirada a la distancia por miles de espectadores en diversas partes del mundo, en el país se mantiene una abierta pugna entre sectores sobre un proyecto de ley que pretende regular ese acervo biológico.
La iniciativa, denominada ley de biodiversidad, pretende normar el acceso y uso de todos los seres vivos sobre el territorio nacional, lo que desató una disputa entre sus proponentes -liderados por el diputado liberacionista Luis Martínez- y buena parte del conglomerado científico.
Los segundos alegan que el proyecto limita la investigación, mientras que los primeros insisten en que su único objetivo es regular el manejo de recursos que son de todos los costarricenses.
El proyecto fue presentado ante la Asamblea Legislativa en junio del año pasado por Martínez, presidente de la comisión especial de ambiente del Congreso. Desde ese momento, académicos e investigadores lo cuestionaron.
Los puntos que más reacción generaron fueron:
La prohibición de patentamiento de genes humanos, que impediría el avance de convenios entre universidades nacionales y extranjeras.
La exclusión del Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE) de su función contralora sobre la biodiversidad.
El establecimiento de un riguroso proceso para obtener la autorización para investigar.
Ante esos cuestionamientos, Martínez manifiesta que su propuesta no pretendía polemizar, sino abrir un debate nacional sobre el manejo de la biodiversidad. Sin embargo, resiente la actitud "desmedidamente violenta" de los investigadores.
El congresista afirma que en este país hay personas que no quieren tener legislación porque utilizan "a su antojo" algo que le pertenece al Estado.
Empero, investigadores como Ana Sittenfeld, directora del Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular de la Universidad de Costa Rica (UCR); Jorge Cabrera, de la Fundación AMBio, y Vilma Obando, funcionaria del Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio), coinciden en que una regulación sobre el tema es importante, pero que en este caso sobrepasa los límites de lo normal.
Cirugía legal
Desde su presentación, el proyecto se sometió a consultas. Durante esa etapa se recibieron más de 200 dictámenes de las universidades, municipalidades y otros grupos organizados, como campesinos e indígenas.
Según Martínez, gran cantidad de sugerencias fueron incluidas en el proyecto, sobre todo conceptos que en el texto original se definían ambiguamente.
Sin embargo, reconoce que los cambios no alteraron el principio filosófico de que el Estado debe regular el uso y manejo de la biodiversidad.
Este control es el que aún mantiene inconformes e insatisfechos a los investigadores nacionales, quienes aseguran que lo mejor es elaborar una nueva propuesta.
Ante la discrepancia, la Comisión Asesora en Biodiversidad (COABio) -organización integrada por profesionales afines a la investigación ecológica, como biólogos, agrónomos, abogados y economistas, entre otros- presentó el pasado 31 de enero un proyecto alternativo al de Luis Martínez. Este proyecto, según Vilma Obando, "no se mete en detalles ni crea nuevas instituciones, sino que refuerza los organismos existentes".
El proyecto no ha sido acogido por ningún legislador para su trámite y se halla en manos de la comisión especial de ambiente, como uno más de los dictámenes.
Precisamente, la COABio, en su propuesta, deja como único ente encargado de la biodiversidad al Ministerio del Ambiente y Energía, mientras que el texto del diputado crea una comisión -adscrita al MINAE- conformada por representantes del sector estatal, campesino y científico, para que se haga cargo de tal labor.
El ministro del Ambiente y Energía, René Castro, ante consulta de La Nación, manifestó su simpatía por el proyecto de la COABio, ya que -a su juicio- responde a las necesidades del Estado en lo que respecta al manejo de biodiversidad.
Para Castro, la iniciativa de Martínez refleja "buena fe, interés en contestar una pregunta que nadie en el mundo ha contestado, pero introduce muchos pasos difíciles de ejecutar".
Por su parte, Rodrigo Alberto Carazo, defensor de los habitantes, afirmó que es absolutamente necesario que exista una ley que regule la biodiversidad, pero se deben especificar conceptos un poco ambiguos, como el de soberanía, así como los recursos naturales de dominio público y privado. Todo con miras a evitar malas interpretaciones e inadecuadas utilizaciones de los recursos que son de todos los costarricenses.
Con estas cartas sobre la mesa, el proyecto de ley de biodiversidad inició ahora otra etapa del camino que le resta por recorrer: el período de audiencias en el Congreso, que empezó el pasado jueves.