PAC propone pagar un plus a médicos de la Caja para ‘evitar biombos’

Iniciativa permite a galenos acogerse a dedicación exclusiva aunque atiendan consultas en centros privados

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San José (Redacción). Un proyecto de ley presentado por la diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC) Carmen Granados pretende pagar “dedicación exclusiva” a médicos de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) para incentivarlos a que no acepten regalías ni trabajen en consultas privadas.

“La base salarial que ellos (los médicos) tienen no es una base que los motive”, explicó la legisladora, quien admite que algunos galenos practican “biombos” y no cumplen sus jornadas en la CCSS para atender consultas particulares. Según dijo, esto afecta el rendimiento en la atención de pacientes.

Sin embargo, al mismo tiempo, la iniciativa deja las puertas abiertas para que un médico se acoja al pago de la dedicación exclusiva y trabaje en centros privados “siempre y cuando no exista, en el desempeño de los cargos, superposición de horarios”.

La Contraloría General de la República establece que la dedicación exclusiva es una obligación que adquiere un profesional de no ejercer de manera particular dos actividades relacionadas a cambio de una remuneración adicional.

Pese a que el proyecto fue presentado hoy a la prensa, vía telefónica la diputada reconoció que existe una incongruencia en el texto y aseguró que será la primera en presentar una moción para buscar un término distinto al de dedicación exclusiva.

Aunque la CCSS enfrenta problemas presupuestarios y paga cerca de ¢22.000 millones mensuales por pluses salariales , Granados considera que mediante un cambio gerencial, la entidad podría salir a flote aún si paga una retribución adicional a sus médicos.

“No creo que vaya a haber problemas de desajustes por cambio de salarios cuando esos médicos van a dar más tiempo a la institución y de una forma más ordenada”, comentó.

Otra de las reformas que el proyecto de ley plantea es que la elección de presidentes ejecutivos de la CCSS se haga mediante concurso público y que el Poder Ejecutivo ceda un espacio dentro de la junta directiva de la institución para que las municipalidades puedan nombrar un representante.