Diputados de oposición sostendrán esta semana un pulso con el Gobierno en torno a la posibilidad de hacerle cambios al Presupuesto Nacional del 2012.
Los opositores pretenden recortarle ¢35.000 millones a la mayoría de instituciones públicas para destinarlos, entre otras cosas, a la compra de aviones, helicópteros y lanchas rápidas policiales.
Carlos Ricardo Benavides, ministro de la Presidencia, sostiene que la pretensión opositora está mal planteada y su único objetivo es dar “un golpe de efecto”, para generar la sensación de que se mejora la seguridad ciudadana.
Esta semana vence el plazo para discutir el Presupuesto Nacional en la Comisión de Asuntos Hacendarios, antes de que pase al plenario legislativo. Hay más de 2.000 mociones en fila.
Crítica. El socialcristiano Luis Fishman, presidente de Hacendarios, argumentó que el plan de gastos enviado por el Gobierno está “inflado”, lo que permite hacerle ajustes que no afectarán el desempeño de los ministerios.
Los opositores pretenden cortar fondos para insumos en la mayoría de instituciones, a excepción de Educación, Salud y Seguridad. No se tocarían salarios ni contratación de obras, dijo el diputado.
Por ejemplo, se reducirían las partidas para capacitación, actividades protocolarias, alquiler de edificios, propaganda, mantenimiento de equipo de cómputo, impresión de documentos, así como servicios profesionales.
Jeannette Ruiz, diputada de Acción Ciudadana (PAC), agregó que se identificaron actividades en las que los montos propuestos por el Gobierno sobrepasan, por mucho, la capacidad de ejecución que las instituciones han demostrado.
Según Fishman, estos recortes no representan ni el 0,5% del Presupuesto Nacional y “no se está dejando a nadie desvestido”.
De los recursos recortados, continuó, se destinarán unos ¢9.000 millones para que el Ministerio de Seguridad pueda comprar aeronaves y lanchas rápidas.
Además, se destinarían más fondos a proyectos de vivienda en zonas indígenas, al censo agropecuario, a los acueductos rurales, a un programa de emprendimientos tecnológicos y a financiar instalaciones deportivas.
El ministro de la Presidencia sostuvo que la propuesta, cuya autoría le atribuyó a Fishman, desarmaría el presupuesto de programas del Poder Judicial, como protección de testigos.
Benavides dijo que algunos diputados de oposición no están de acuerdo con los redireccionamientos, por lo que prevé que los cambios no se harán realidad.
A su vez, instancias como el Tribunal Ambiental Administrativo exteriorizaron públicamente preocupación por los posibles recortes.
En cuanto al Poder Judicial, Fishman aseguró el sábado que no se tocará el presupuesto operativo de la Policía Judicial ni el de programas como el de protección de testigos, pero sí quitarían los recursos para la renovación de vehículos de los magistrados.