Es un hecho que nuestro país tiene un problema fiscal estructural, el cual ha venido generándose cíclicamente desde los años ochenta, ocasionado, en un inicio, por las políticas del Estado empresario de los años setenta que culminaron con la creación de Codesa y sus subsidiarias estatales, que demostraron ser una factura que, tarde o temprano, nos saldría cara.
Conviene en este punto hacer una breve referencia a un hecho considerado como uno de los principales detonantes del comportamiento excesivamente expansionista en las finanzas públicas del Estado costarricense, el cual culminó con la crisis de los ochenta: durante la década de los setenta, en Costa Rica se pusieron en vigencia las políticas públicas asociadas a la filosofía del Estado empresario, según las cuales el Estado podía encargarse directamente de actividades productivas con eficiencia similar a la del sector privado (esa es precisamente la falsa premisa o pecado original).
De todo ese esquema del Estado empresario surgió a inicios de dicha década la que fuera su máxima expresión, la creación de la Corporación Costarricense de Desarrollo S. A. (Codesa). Estas políticas fueron incubadas en la administración Figueres Ferrer (1970-1974), continuadas por la administración Oduber Quirós (1974-1978) y llevadas al límite de su insostenibilidad en la administración Carazo Odio (1978-1982), con la llegada de la crisis de la deuda pública, la cual desencadenó el más crítico episodio de inestabilidad cambiaria, recesión económica severa y altas tasas de inflación, aumento significativo de la pobreza y bajas sustanciales en la cobertura educativa en la historia de Costa Rica. De hecho, el déficit consolidado del Sector Público Global, que en 1977 ya era del 5,9 por ciento del PIB, continuó su escalada hasta llegar al 17,1 por ciento en 1982, para regresar a niveles entre el 4 y 5 por ciento durante los primeros años de la década de los noventa. De tal forma que las crisis fiscales no son cosa nueva en Costa Rica.
Dado el reciente “salacuartazo” al plan fiscal, que devuelve este proyecto de ley a su trámite inicial en la Asamblea Legislativa, ¿va a seguir la administración Chinchilla Miranda buscando resucitar al muerto, a pesar de todas las posibles rutas alternas para llevar a cabo el ajuste fiscal requerido?
Los políticos de turno no escuchan las sugerencias hechas por otras personas (ajenas a su ideología) que ven en el aumento de las tasas impositivas, y su ampliación a la mayor parte de las actividades productivas de bienes y servicios, un serio error para el crecimiento económico de largo plazo, especialmente en momentos en que el mundo se encuentra en una recesión económica internacional.
Estos políticos cierran los ojos a ejemplos de casos exitosos como el de Brasil, en el que su presidenta Dilma Rousseff ha aplicado políticas de estímulo a la producción, más bien reduciendo impuestos y dando incentivos a la mejora de la productividad.
Reducción del gasto público. ¿Por qué tanto empeño de la actual administración en tratar de gravar más a la sociedad costarricense, cuando lo que debería hacerse es no solo aumentar los impuestos (vía reducción de evasión y mejora en la eficiencia de la recaudación), sino, también y sobre todo, en reducir los gastos, que es donde están los problemas más serios de insostenibilidad fiscal en el largo plazo?
Es cierto que reducir los gastos tiene costos políticos importantes, pero también es cierto que el aumento de los impuestos (vía aumento de tasas y la conversión del impuesto de ventas en uno al valor agregado, así como la ampliación de su base impositiva a una serie de servicios como salud y educación, entre otros) tiene inconformes a muchos sectores y grupos de la sociedad. A estos se les está exigiendo “amarrarse la faja”, pero el Gobierno no hace su parte como correspondería.
En fin, resulta extraño por parte del Gobierno su sesgo hacia la solución de esta crisis fiscal solo por el lado de los impuestos y no por el lado de un recorte sustancial en los gastos.
El Gobierno debería enfocarse en el cierre de programas obsoletos, duplicados o ineficientes, así como promover el cierre o venta de empresas estatales con pérdidas crónicas (por ejemplo, Racsa, CNP, Fanal), además de una importante reducción de la planilla estatal, entre otras medidas, dado que, de por sí, ambos tipos de políticas de ajuste fiscal generarán costos políticos y malestar entre los grupos afectados.
No pareciera que el aumento de impuestos por sí solo (mediante una reforma tributaria), en todo caso, sea suficiente para resolver el problema fiscal en el largo plazo que se enfrenta actualmente, por lo que sería deseable atacar el problema desde la raíz y, así, evitar una nueva crisis fiscal de importantes magnitudes en el mediano plazo.