Obispos fustigan resolución del TSE que condena a Ulloa

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Lo obispos de Costa Rica manifestaron ayer, mediante un comunicado de prensa, su respaldo y apoyo a monseñor José Francisco Ulloa Rojas y fustigan la resolución del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) que condena al prelado.

La sentencia del TSE, emitida el pasado 6 de mayo, obliga a Ulloa a que se abstenga de hacer llamados a los fieles para que no voten por candidatos que no compartan, según su criterio, los valores de la fe católica.

El mandato de la sentencia, de acuerdo con la Conferencia Episcopal, es impropio, ya que el TSE no ejerce potestad jurisdiccional disciplinaria sobre los obispos en sus diócesis.

El presidente del Tribunal, Luis Antonio Sobrado, manifestó que esta resolución debe acatarse, y que la restricción al prelado es en cuanto a la participación política, tal como se contempla en la Constitución Política, y no incluye ninguna limitación para divulgar el mensaje de la Biblia.

Según la Conferencia Episcopal, el pronunciamiento del TSE lesiona la libertad de expresión y “opta injustificadamente por una interpretación extensiva a una limitación a las libertades públicas de los ciudadanos”. Además, señala que el tercer párrafo del artículo 28 de la Constitución Política es una “odiosa” discriminación que amerita una reforma con la doctrina universal de los derechos humanos.

El recurso de amparo electoral contra Ulloa, obispo de Cartago, fue interpuesto por miembros de la Asociación Costarricense de Humanistas Seculares, y es la primera vez en el país que un pronunciamiento de este tipo condena a un religioso.

El hecho impugnado se dio durante la homilía del 6 de setiembre del 2009, cuando Ulloa instó a los feligreses a no votar en las elecciones nacionales del 7 de febrero por los candidatos que negaran a Dios.

De esta forma, Ulloa hizo referencia al fallido proyecto de ley que se tramitaba en la Asamblea Legislativa para convertir a Costa Rica en un Estado laico.

En su comunicado, la Conferencia Episcopal reitera el respeto al ordenamiento jurídico del país y, además, respalda las acciones que pueda emprender monseñor Ulloa con el propósito de defender sus derechos.