Managua (AP). Nicaragua acusó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de actuar con aparente parcialidad al conceder a Costa Rica una prórroga extemporánea para responder una denuncia por violación a los derechos humanos a inmigrantes nicaragenses en ese país.
La denuncia ante la CIDH fue puesta en febrero pasado por el gobierno de Nicaragua, por el asesinato del nicaragüense José Ariel Urbina, muerto a puñaladas en un bar de Alajuela. Aseguraba además que existe en ese país un sentimiento de xenofobia para los nicaragenses inmigrantes.
El expediente también incluye el caso del nicaragüense, Natividad Canda Mairena, de 25 años, que fue muerto a dentelladas por un perro Rottwailer, el 10 de noviembre del año pasado en Cartago, Costa Rica.
La cancillería nicaragüense dijo la noche del martes en una nota de prensa que el canciller Norman Caldera, protestó ante la CIDH porque la solicitud (de prórroga) de Costa Rica es extemporánea, fuera de tiempo, ya que se solicitó después de haber fenecido el plazo.
El canciller expresó expresa su formal protesta por la decisión contraria a las normas vigentes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y a conceptos jurídicos universales, por cuanto nos colocan en estado de indefensión.
Dijo que desde el inicio de la tramitación de la denuncia Nicaragua ha visto una aparente parcialidad de la secretaría ejecutiva a favor del Estado demandado ya que varias solicitudes importantes no contaron siquiera con acuses de recibo.
El plazo que tenía Costa Rica para contestar la denuncia nicaragüense venció el pasado 15 de abril y la prórroga concedida por la Comisión vence el cinco de mayo, dice la nota.
Caldera recordó que la decisión no está contemplada por el artículo 30 numerales 3 y 4 del Reglamento de la CIDH.
Solicito que se nos haga justicia, que se rectifique la concesión de prórroga referida y que se inicie el proceso de admisibilidad, agregó.
La misma nota indica que confía en que la comisión procederá con ecuanimidad, reconocerá su error y dejará sin efecto la ilegal prórroga de referencia.
La cancillería informó que Caldera se reuniría la tarde del miércoles con funcionarios de la OEA para tratar el tema y dijo que el caso podría ser denunciado ante la Asamblea General durante la reunión de ese organismo en República Dominicana en junio.