San José (Redacción). La Municipalidad de Abangares recurrirá ante la Sala Constitucional para impedir que la empresa DPL Semillas pueda sembrar maíz transgénico en su territorio.
Así se desprende de una moción que hoy presentarán los miembros del Concejo, quienes defienden la declaratoria de “cantón ecológico y libre de transgénicos”, promulgada desde el 2008.
Gerardo Cascante, presidente municipal, indicó que los abogados trabajan hoy en la redacción del recurso de amparo en defensa de la autonomía del municipio y que espera presentarlo a más tardar este jueves.
Según el jerarca, solicitarán la coadyuvancia a las demás municipalidades del país que acordaron rechazar la siembra de granos genéticamente modificados.
Ayer la Comisión Nacional de Bioseguridad dictaminó de manera positiva la solicitud de la transnacional DPL Semillas para el cultivo de maíz transgénico en dos hectáreas de Abangares con fines de multiplicación y exportación.
Según Cascante, hasta ahora el Concejo no ha recibido ninguna comunicación oficial sobre el permiso otorgado a la empresa propiedad de Monsanto. Además, destacó que el año pasado solicitaron una audiencia en la comisión dictaminadora, pero fue rechazada.
El presidente de ese órgano, Alex May, concedió a La Nación una entrevista para mañana con el propósito de ampliar detalles sobre el aval otorgado a DPL Semillas.
Emprenderán acciones. El diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC) Claudio Monge dijo que convocarán a un encuentro de las 15 municipalidades que se oponen al cultivo semillas de maíz transgénico en Costa Rica. Esa reunión sería la próxima semana y definiría pasos a seguir mientras se espera una resolución de Sala IV.
Agregó que la fracción del PAC también emitirá un pronunciamiento en los próximos días.
Por su parte, Gloria Abraham, ministra de Agricultura y Ganadería (MAG), respaldó el fallo de la comisión de Biseguridad. “Es un grupo técnico y científico que merece todo mi respeto”, dijo.
Al mismo tiempo, rechazó acusaciones contra su ministerio, pues dijo que la comisión tiene independencia, y reconoció que en un país de derecho se pueden plantear apelaciones.