La gestión de las municipalidades para actualizar el valor de las propiedades a efectos del cobro del impuesto inmobiliario, sufre de debilidad crónica.
Así lo revela una investigación de La Nación que indagó sobre los montos que los miembros del gabinete, sus cónyuges y sus empresas declaraban por las propiedades que poseen en 24 cantones del país.
Las consultas revelaron que existían propiedades cuyo valor para efectos tributarios no había sido actualizado por más de una década, sin que los ayuntamientos convocaran al propietario a que actualizara la declaración del terreno.
De las 58 propiedades analizadas, tres no estaban declaradas ante los municipios, por lo que no tributaban del todo.
En otros casos, a pesar de que las propiedades tenían una hipoteca inscrita por un monto superior al declarado al municipio, el Ayuntamiento no había hecho gestiones ante el propietario para que actualizaran el valor del inmueble.
La investigación también reveló que existen inconsistencias entre el valor fiscal que una misma propiedad tiene en el Registro Público, en el Ministerio de Hacienda y en los ayuntamientos.
El director del Órgano de Normalización Técnica del Ministerio de Hacienda, Alberto Poveda, señaló que intercambian información entre el Registro Público y las municipalidades, pero que los valores de las casas están en continuo movimiento y que, además, hay inconsistencias catastrales que se están buscando resolver con el Programa de Regularización de Catastro.
“Sin embargo, ese programa abarca solo a 45 de los 81 cantones del país”, reconoció Poveda,