El nuevo ministro de Obras Públicas y Transportes, Pedro Castro, abrirá una investigación interna para determinar por qué la entidad no estaba totalmente preparada para aplicar la nueva ley de tránsito que rige desde hoy.
Castro reclamó que hasta ayer el Ministerio estaba atrasado en compras y capacitación, y por eso, delegó la pesquisa en la auditora, Irma Gómez.
El jerarca criticó que los planteles de detención de vehículos permanecieran ayer saturados, pese a que la entrada de la nueva norma podría significar un decomiso mayor de unidades.
También cuestionó que las capacitaciones a los 900 oficiales de Tránsito concluirán el próximo 17 de noviembre, cuando la ley ya tendrá 22 días de vigencia.
Por último, denunció que 100 alcohosensores, valorados en ¢3 millones, no estuvieron calibrados a tiempo.
“Era una contratación directa muy fácil de hacer, que no debió haberse atrasado”, resumió Castro.
Anteayer voceros del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) reconocieron que los alcohosensores (detectan licor mediante el aliento) no estarían listos hasta el miércoles de la otra semana.
“No hay ninguna justificación, porque esta no fue una ley sorpresiva: todos sabíamos que había sido aprobada, que había sido suscrita, que estaba en proceso de publicación. La publicación es mañana (hoy, para los lectores) y todo debió haber estado listo para que todos los mecanismos fueran aplicados de inmediato”, criticó el ministro de Comunicación, Francisco Chacón. La nueva ley de tránsito incluye multas que oscilan entre ¢20.000 y ¢280.000.